Convenio en Bulnes revela conflictos de interés, abandono de obras y una fundación investigada

El campamento “El Esfuerzo” de la comuna de Bulnes, región de Ñuble, era un asentamiento irregular que se incorporó al Catastro Nacional de Campamentos del Ministerio Vivienda y Urbanismo (Minvu), en 2018. Tres años después, en 2021, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) recomendó a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi), suscribir un convenio por $65 millones -que alcanzó los $100 millones- con la Municipalidad de Bulnes, destinados a atender la situación habitacional precaria de familias vulnerables que vivían en aquella zona. Las autoridades decidieron construir campamentos transitorios mientras se ponía en marcha el plan habitación y se desarrollaba la urbanización del sector.

Los convenios eran parte del “Programa de Asentamientos Precarios” del Minvu, que durante ese año dirigía el actual Seremi de Vivienda, Antonio Marchant Mass (PC), cuando era jefe del Departamento de Asuntos Precarios del Serviu. El acuerdo entre la municipalidad y la Seremi se adjudicó el 14 de mayo de 2021 y fue firmado entre el exseremi, Carlos Urrestarazu y la entonces alcaldesa subrogante, Carolina Mendoza, quien era directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad (Dideco).

Al respecto, un funcionario de la Seremi que trabajó durante la fecha de suscripción del convenio, en conversación con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, aseguró que Carolina Mendoza y Antonio Marchant eran pareja. Lo mismo, señaló otro funcionario de la municipalidad de Bulnes consultado por este medio. Por otro lado, Antonio Marchant, expuso una versión contradictoria. En primera instancia, confirmó la relación con la exdirectora de Dideco, pero tras exponer un presunto conflicto de interés entre ambos, negó todo tipo de vínculo con Mendoza.

Con el transcurso de los meses, el municipio recibió los fondos, llamó a licitación privada para que terceros ejecutarán el proyecto, pero fue objetada. Se volvió a abrir un concurso y se escogió a la empresa Inversiones IGPA SPA como encargada de elaborar los campamentos transitorios. No obstante, IGPA abandonó la construcción. Fue así como la construcción de los barrios en el asentamiento “El Esfuerzo”, llegó a manos de la Fundación EnRed Social, la cual recibió $48 millones adicionales a los ya invertidos por IGPA. Hoy, la Fiscalía Local de Chillán lleva a adelante una investigación en contra de la organización en el marco del caso fundaciones.

Asuntos precarios y la suscripción del convenio

“La Línea de intervención por urbanización de Campamentos del Plan Construyendo Barrios del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, está dirigida a intervenir campamentos a través de la acción de radicación vía urbanización”, dicen los Requisitos de Información Sectorial (RIS), del Ministerio de Desarrollo Social.(Ver documento aquí)

Los campamentos, luego, reciben un diagnóstico socio territorial y son seleccionados a través de una metodología de priorización desarrollada por el Minvu. Una vez que se identifica la existencia de vivienda precarias “posterior a la urbanización”, estas reciben “un subsidio de mejoramiento específico”.

Este proceso de mejoramiento, se quiso aplicar en el asentamiento irregular “El Esfuerzo” ubicado en la comuna de Bulnes de la provincia de Diguillín, en la región de Ñuble. Tales asentamientos están instalados en terrenos municipales de habitación residencial, donde según la ficha de inversión del proyecto, al menos 11 familias viven en condiciones precarias.

De esta forma, “El Esfuerzo” se incorporó al Catastro Nacional de Campamentos del Minvu en 2018. Pero antes de concretar los subsidios de mejoramiento y el plan de urbanización, se debía de generar una solución transitoria para las familias. Fue ahí donde el Departamento de Asuntos Precarios del Servicio de Vivienda y Urbanización jugó un rol clave.

“El Departamento de Asentamientos Precarios del Serviu, propone esta iniciativa de traspasos de recursos”, cuenta Carlos Urrestarazu, exseremi de vivienda, quien firmó el convenio con la Municipalidad de Bulnes.

“Son recursos descentralizados que a principio de año se definen a nivel central. Se les entregan estos recursos a la Seremi y ésta actúa como caja pagadora. Emite el convenio para que la municipalidad -en este caso-, sea la entidad que lícita el proyecto y vea quien ejecuta las obras”, explicó la exautoridad.

Una alcaldesa subrogante y una declaración contradictoria

Como detalla Urrestarazu, el Serviu, a través del Departamento de Asuntos Precarios, es quien propone a la Seremi los campamentos que van a ser beneficiados con el convenio.

De acuerdo a la Resolución Exenta N°160, a la que tuvo acceso este medio, dicha solicitud de suscripción a la Seremi del Minvu se efectuó el 18 de marzo de 2021. Cinco días después, Arturo Marchant Mass, el Jefe del Departamento de Asuntos Precarios del Minvu autorizó la inversión del barrio transitorio en el campamento “El Esfuerzo”.

Ya en abril, el Departamento de Planes de Vivienda y Equipamiento de la Seremi, solicitó la elaboración del convenio, el cual se suscribió con la Municipalidad de Bulnes el 12 de mayo de 2021.

Por esos días el alcalde era Jorge Hidalgo, exmilitante del Partido Socialista (PS) y quien debía firmar el convenio. Pero eso no ocurrió. La firma la estampó la directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad (Dideco), Carolina Mendoza. Lo anterior, fue ratificado por el exedil a Radio Bío Bío:

“Yo creo que pude haber estado enfermo, no lo recuerdo. Pero, cuando yo me encontraba fuera de servicio, ella estaba autorizada para firmar cualquier tipo de convenio”, precisó Hidalgo.

Mendoza, trabajadora social, llegó a trabajar como directora de la Dideco durante 2019. Continuó en el cargo hasta junio de 2021, un mes después de haber firmado el convenio. Lo que se desconocía, hasta ahora, es que durante la firma del traspaso mantuvo una relación con Arturo Marchant Mass, el Jefe del Departamento de Asuntos Precarios del Minvu -actual seremi-. Así lo confirmó el propio Marchant a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

¿Cuando se firmó el convenio usted tenía una relación con Carolina Mendoza?

Sí, pero no voy a hablar de mi vida personal. Sé que ella firmó el convenio como alcaldesa subrogante. Pero después el proyecto terminó a cargo de la Fundación En Red.

Entonces, ¿habría un conflicto de interés entre quienes firmaron el convenio?

Mira, yo no era la persona que firmaba el convenio. Eso lo firmó el Seremi. Entonces, no hay conflicto de interés.

Esas fueron algunas de las declaraciones vía teléfono que Antonio Marchant dio a este medio. Sin embargo, durante el transcurso de la conversación cambió su versión. Aseguró que no tuvo ni tiene una relación con Carolina Mendoza.

Un exfuncionario de la Municipalidad de Bulnes, quien decidió mantener su identidad en secreto, confirmó a Radio Bío Bío la existencia de la relación. Lo mismo ocurrió en el caso de un extrabajador de la Seremi de Vivienda, quien aseguró que: “existió el rumor de la relación, pero no te puedo confirmar nada porque fue solo eso”.

Pese a que Antonio Marchant terminó negando el vínculo, La Radio descubrió que al menos desde 2019, sí conocía a la directora de Dideco. Una fotografía subida por la propia Mendoza lo confirma:

De acuerdo a un documento sobre “Contrataciones y desvinculaciones” del Ministerio de Vivienda, tras su salida de la Dideco, Carolina Mendoza, fue una de las 96 personas que el ministerio contrató el primer trimestre de 2022. En esa fecha, Mendoza entró a trabajar como Analista de la Unidad de Asentamiento Precarios del Serviu de la región de Ñuble, cuando el departamento aún era dirigido por Antonio Marchant, quien se mantuvo en el cargo hasta 11 de abril de ese año, tras ser nombrado Seremi de Vivienda.

En base a información obtenida vía Transparencia Activa, Radio Bío Bío pudo constatar que hoy Mendoza trabaja como Encargada del Departamento de Administración y Finanzas del Serviu.

Otros montos y varias licitaciones

Mediante la ficha de inversión del proyecto, la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío pudo acreditar que el traspaso de los $65 millones se pactó en tres cuotas. La primera se hizo en junio, la segunda en octubre y finalmente la tercera en diciembre. Estos se organizaron de la siguiente forma:

Pago N°1: Junio de 2021 por $19.500.000
Pago N°2: Octubre de 2021 por $19.500.000
Pago N°2: Diciembre de 2021 por $26.000.000

Transferidos los recursos, el 30 de octubre de 2021, la municipalidad a través de la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación de Bulnes (Secplan), llamó a concurso mediante licitación privada para que terceros pudieran ejecutar el proyecto. La primera y única oferta que se hizo fue de parte de la Constructora Peña y Segovia Ltda., pero fue revocada, ya que no resultaba “conveniente para la municipalidad”, según consta en el Decreto Alcaldicio N°3596.

Posterior a la objeción de la licitación, la municipalidad llamó a un segundo concurso el 23 de diciembre de ese año. Esta vez, las empresas que asistieron fueron: Luis Cerda Construcciones e Inversiones IGPA SPA. Las propuestas de las compañías recibieron luz verde, pero solo IGPA cumplió con la mayoría de los requerimientos.

Un acta de evaluación del proyecto, emanada por la Comisión de Apertura y Evaluación del Secplan, calificó con 81,1 puntos la propuesta de IGPA, versus 64,4 de la empresa de Luis Cerda. Aunque ambos tenían el mismo presupuesto y un plazo de término de 90 días, Secplan, acreditó que IGPA, tenía más experiencia. (Ver acta aquí)

Todo fue aprobado por el concejo municipal y el actual alcalde Guillermo Yeber Rodríguez (Ind.-DC), quien esta semana fue formalizado y luego, quedó en prisión preventiva por su participación en calidad de autor de delitos económicos en el marco del Caso Cuentas Corrientes.

Además de los 65 millones, la municipalidad recibió en diciembre de 2021 otros 35 millones a través de la suscripción de dos nuevos complementos al convenio, uno de $15 millones y otro de $20 millones. En total, la cifra que se transfirió al municipio fue de $100 millones, esto de acuerdo a la Resolución Exenta N°214. Ese mismo año, los cerca de $100 millones fueron a parar a las arcas de IGPA para que ejecutara el proyecto. Todo iba bien, hasta que la empresa -mientras construía los barrios- comenzaron a aparecer diversas irregularidades.

Contraloría detecta irregularidades y otro conflicto de interés

La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío tuvo acceso a un oficio de la Contraloría General de la República donde se establece que la empresa IGPA cometió diversas irregularidades en torno a la construcción de los barrios transitorios, e incluso parte de las obras no se habrían llevado a cabo.

IGPA no contaba con los permisos de edificación cuando se debían de construir los campamentos, carecía de certificados de factibilidad de alcantarillado y tampoco cumplió con los suministros de energía y agua necesarios para los barrios transitorios. Es más, al menos cuatro viviendas que la compañía alcanzó a construir tenían deficiencias en sus construcciones: tuberías quebradas, filtraciones en estructuras saneamientos -como duchas- y cables sueltos, entre otras.

También se detectó que las boletas de garantías para el cumplimento del contrato estaban vencidas. A esto, se sumó un posible conflicto de interés entre quien firmó los complementos al convenio por $35 millones, Guillermo Yeber y los dueños de la empresa IGPA.

La entidad fiscalizadora pudo determinar que “la dueña y única socia de la empresa Inversiones IGPA SpA, Natalie Monares Garrido, según los registros que posee el Servicio de Impuestos Internos”, está casada con Alejandro Smith Smith, quien sería amigo de Yeber Rodríguez.

Al respecto, en una declaración ante la Contraloría fechada 17 de noviembre de 2023, Guillermo Yeber Rodríguez dio a conocer “que efectivamente en ciertas oportunidades compartió con ambas personas, pero solo porque concurrieron a la casa de amigos en común”, sin que exista algún vínculo entre ellos, y agregó “que al señor Smith Smith lo conoce porque eran militantes del mismo partido político”. Una foto obtenida por la Contraloría justificó dicho vínculo entre ambos conocidos.

Hasta el 29 de diciembre de 2023, cuando se emitió unos de los dos oficios -que luego se incluyeron en un informe-, todavía parte de los fondos no eran restituidos. La Contraloría ordenó al municipio devolver $20 millones -de $50 millones- faltantes que no fueron rendidos. Mientras que EnRed deberá devolver la totalidad de los recursos, luego de que se adjudicará poco más de 48 millones para la construcción de los barrios transitorios en el campamento “El Esfuerzo”, además de otros 50 millones -$106 millones en total- por construcciones destinadas a varios campamentos de la región.