La reputación de Nova Austral como líder en sustentabilidad se desmoronó en 2019 tras una investigación de El Mostrador. Miles de correos electrónicos entre ejecutivos de la compañía demostraron falsificación de datos sobre mortalidad de salmones y estado del fondo marino.
En respuesta, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó cargos por fraude de subvenciones en 2020.
Luego de cuatro años, se llegó a un acuerdo para suspender el proceso penal, que involucra el pago de impuestos atrasados por un total de $30 229 millones de pesos (US$30 689 340), de los cuales $9 130 millones (US$926 903) se financiarán con bonificaciones estatales obtenidas por Ley Navarino y la entrega de tierras al gobierno regional de Magallanes.
Este acuerdo incluye el pago de impuestos atrasados y la entrega de tierras al gobierno regional de Magallanes.
Una Salida Alternativa
El Ministerio Público propuso recientemente una salida alternativa para Nova Austral, buscando el pago parcial de deudas tributarias por un total de $30 229 millones de pesos (US$30 689 340) a cambio de la suspensión del proceso penal. Sin embargo, este acuerdo no aborda la querella por fraude de subvenciones y daño ambiental.
La Superintendencia del Medio Ambiente impuso multas y buscó revocar permisos ambientales de Nova Austral debido a sobreproducción y daño ambiental en el Parque Nacional Alberto de Agostini< Aunque la empresa ha obtenido fallos a su favor, estos están siendo impugnados en la Corte Suprema, señala el medio asociado Mongabay.
Impacto en la Comunidad de Porvenir
La comuna de Porvenir, donde se ubican los centros de cultivo de Nova Austral, se ve afectada por estas controversias.
Mientras el alcalde destaca la importancia de los empleos generados por la industria salmonera, investigadores como Rodrigo Hucke advierten sobre el grave daño ambiental y la necesidad de reevaluar estas actividades.
Las organizaciones ambientalistas han criticado los acuerdos y decisiones favorables a Nova Austral, argumentando que establecen un peligroso precedente y no sancionan adecuadamente los delitos cometidos. Mientras tanto, la empresa enfrenta una creciente presión para abordar sus prácticas y reparar el daño ambiental causado.
