Martes 15 marzo de 2022 | Publicado a las 16:09
· Actualizado a las 17:24
visitas
visitas
El Consejo de Desarrollo de la Costa de Valdivia será parte de la demanda por daño medioambiental en el borde costero de la capital de Los Ríos, la que fue presentada por el Consejo de Defensa del Estado. Al ser parte de la acción judicial, podrían presentar pruebas, testigos, documentos y entregar opiniones.
El Consejo de Desarrollo de la Costa solicitó hacerse parte de la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado, por daño medioambiental en el borde costero de la comuna de Valdivia, en la región de Los Ríos, en el contexto de la intervención que se estaría llevando a cabo en la zona para habilitar terrenos con fines inmobiliarios, para loteos y urbanizaciones.
La solicitud presentada ante el Tercer Tribunal Ambiental en febrero y aceptada en marzo de este año, afirma que los proyectos inmobiliarios en la zona costera han causado destrucción de la capa vegetacional y destrucción directa del suelo producto del movimiento masivo de tierra con maquinaria pesada y construcción de caminos.
A lo anterior, se suma el menoscabo del componente hídrico producto de la destrucción del suelo y la tala de bosque, así como las eliminación de vegetación exótica; la privación del acceso de recursos naturales y sitios de significación cultural y el menoscabo de la flora y fauna endémica de la zona, entre otros puntos.
De acuerdo con el presidente del Consejo de Desarrollo de la Costa, Rodolfo Mansilla, la demanda a la que se sumaron hace referencia, principalmente, a las iniciativas inmobiliarias lideradas por el empresario Luis Emilio Pino, en las zonas de Pilolcura, Cutipay 1 y 2, El Canelal y Los Pellines.
De acuerdo con Mansilla, buscan lograr la reparación del daño causado tanto al ecosistema de la costa de Valdivia como a la calidad de vida de sus vecinos.
La abogada que por este tema representa al Consejo de Desarrollo de la Costa, Laura Bartolotti, explicó que formar parte como terceros coadyuvantes, como ocurrió en este caso, implica que como organización podrían presentar pruebas, testigos, documentación y entregar sus opiniones ante una eventual acción de reparación ambiental.
Además, dijo que valoran que la acción judicial haya sido aceptada, puesto que permite que una organización comunitaria pueda defender los derechos de las comunidades de la costa y representar a la comunidad afectada por las obras de las inmobiliarias.
