Lunes 07 febrero de 2022 | Publicado a las 16:00
· Actualizado a las 16:06
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En total existen 40 proyectos operando dentro y alrededor de parques y reservas en Chile. De ellos, 37 se ubican en los alrededores, de los cuales 16 se encuentran operando, al menos cinco están aprobados aunque aún no inician actividades y otros cuatro están siendo tramitados. Por otro lado, hay seis proyectos que están inactivos, detenidos o desistidos.
La “tierra prometida” de los proyectos mineros: actualmente, Chile es el mayor productor y exportador de cobre a escala internacional.
Pero de sus suelos también se extrae oro, plata y hierro. A eso se suma el litio.
El denominado “oro blanco” es cada vez más demandado a nivel global para la fabricación de baterías.
De las mayores reservas mundiales, el 52% se encuentra en el salar de Atacama.
La mayor parte de los yacimientos de todos esos minerales se encuentran en el norte del país y es por eso que allí se concentra la actividad minera.
Frecuentemente esta industria se ha instalado alrededor e incluso dentro de áreas protegidas.
En esta parte del país, estas zonas resguardan sobre todo salares, bofedales y humedales.
Se trata de ecosistemas frágiles donde habitan especies emblemáticas.
Hablamos de flamencos, guanacos, vicuñas, pumas y comunidades microbianas conformadas por algas diminutas.
También existen comunidades de bacterias que incluso podrían explicar el origen de la vida en la Tierra.
¿Cómo pueden proyectos mineros operar dentro o alrededor de parques y reservas en Chile?
A pesar que la legislación chilena prohíbe las actividades extractivas dentro de las áreas protegidas, si el Presidente considera que la explotación es de interés nacional lo puede autorizar.
Eso ha pasado en más de una oportunidad.
A esto se suma que las áreas protegidas en Chile no cuentan con esta figura de protección.
Eso pese a que la ciencia ha demostrado ampliamente la importancia que estas áreas cuenten con una zona de amortiguamiento, un territorio que la bióloga Cristina Torres describe como “un cinturón de protección ecológico” que reduce las influencias negativas de las actividades humanas.
En Colombia, Uruguay, Bolivia, Perú y otros países de la región, los parques y reservas tienen zonas de amortiguamiento, de acuerdo a Torres, coordinadora del programa marino de WWF y experta en gestión ambiental.
En Chile, en cambio, las zonas de amortiguamiento no están contempladas en la normativa.
Por eso existen casos en donde los proyectos mineros operan a escasos metros de sus límites, lo que es “increíblemente peligroso”, advirtió Torres.
Conoce acá la ubicación de los 40 proyectos mineros que cercan áreas de interés natural
Aunque la salida a este problema podría estar en la creación de un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) que, según coinciden diversos expertos, mejoraría considerablemente la gestión de las áreas protegidas — incluyendo el tema clave de las zonas de amortiguamiento — el proyecto lleva más de diez años en el Congreso y ha pasado por tres Gobiernos sin ver la luz.
Para poder dimensionar este problema y saber qué tan frecuentemente se superpone la minería a los territorios protegidos y sus áreas de influencia, Mongabay Latam y Ladera Sur crearon una base de datos para visualizar cuáles son los proyectos extractivos que se encuentran en los alrededores y al interior de parques y reservas nacionales de todo el país.
¿Cómo lo hicieron?
Se reunió la información dispersa en los diferentes organismos de Estado que participan tanto de la supervisión ambiental de los proyectos mineros como de la administración de las áreas naturales protegidas.
Es decir, la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Pero a eso también sumaron información recopilada por científicos, investigadores y organizaciones de la sociedad civil.
Lo que encontraron fue que 40 proyectos mineros en distintas fases de desarrollo se ubican alrededor — y en algunos casos al interior — de 16 parques y reservas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres del Estado (Snaspe), administrado por Conaf.
Lo que dicen los datos
De los 40 proyectos identificados, solo 26 casos fueron proporcionados por los organismos estatales.
De ellos, tres están dentro de áreas protegidas.
Aunque actualmente no se encuentran activos, al menos uno pretende reactivarse.
Se trata de Choquelimpie, una mina antigua “sin actividad”, según Conaf.
Pero ahora podría volver a operar al interior de la Reserva Nacional Las Vicuñas.
Mongabay Latam y Ladera Sur fueron hasta allá y comprobaron las intenciones que se tienen.
Aunque la empresa asegura haber concretado reuniones con líderes indígenas y establecido con ellos “acuerdos de acceso”, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, nadie en las comunidades está al tanto de esos acuerdos.
Parque Nacional Nevado Tres Cruces: ocho proyectos de oro y litio
Los otros 23 proyectos informados por el Estado se encuentran en los alrededores y muy próximos a parques y reservas nacionales.
Probablemente uno de los casos más representativos sea el Parque Nacional Nevado Tres Cruces, rodeado de ocho proyectos de oro y litio.
Para poder entender las implicancias de esa realidad, un equipo periodístico también viajó hasta esa área protegida.
Allí existen mineras que operan en el corredor biológico que une las dos partes que conforman el parque y por donde transitan diversas especies.
14 proyectos a escasos metros de reservas o parques no reportados por el Estado
Pero la investigación también pudo comprobar, accediendo a información de científicos, organizaciones de la sociedad civil, las propias comunidades que defienden sus territorios e incluso funcionarios de la institucionalidad ambiental, que existen al menos otros 14 proyectos que se ubican en las cercanías de parques y reservas, algunos a escasos metros, y que el Estado no consideró en la información proporcionada.
Desde 2017 que una minera canadiense explora este cerro a solo 20 metros de la reserva nacional Las Vicuñas.
Eso a pesar que las comunidades han interpuesto recursos de protección denunciando afectación a sus sitios ceremoniales, desvío de cauces de agua y contaminación.
Un punto importante sobre este caso es que no existe claridad sobre si los trabajos de exploración en este cerro, considerado sagrado por las comunidades aymaras, están o no al interior de la reserva.
Información desactualizada
También pudimos confirmar que los organismos públicos consultados no siempre cuentan con información actualizada respecto del estado de los proyectos mineros.
El geógrafo, investigador y académico de la Universidad Católica, Pablo Osses, coincide en que “no existe en Chile una integración de información que sea compatible y manejable”.
Por ejemplo, la información oficial señala que en los alrededores del Parque Nacional Nevado Tres Cruces los proyectos de explotación de litio, Blanco y Sales Maricunga se encuentran en operaciones, pero en el terreno se pudo confirmar que están paralizados por diferentes recursos legales presentados por las comunidades colla.
Dada las brechas y vacíos de información, este mapeo es un primer intento por mostrar cómo la industria minera y las áreas protegidas se disputan el territorio.
Si juntamos la información oficial y la proporcionada por otras fuentes, pero que fue corroborada por el equipo periodístico, se puede concluir que por lo menos existen 40 proyectos operando dentro y alrededor de parques y reservas en Chile.
De ellos, 37 en total se ubican en los alrededores, de los cuales 16 se encuentran operando, al menos cinco están aprobados aunque aún no inician actividades y otros cuatro están siendo tramitados.
Por otro lado, hay seis proyectos que están inactivos, detenidos o desistidos.
Sin embargo, esto no quita que algunos puedan reflotar.
Así pasó con el proyecto minero y portuario Dominga, que se mantenía “rechazado” cuando se partió esta investigación.
Por último, solo un proyecto está rechazado y otro está en proceso de cierre, aquel que dañó la vega Pantanillo.
No obstante, en el caso de cuatro proyectos de perforación de pozos hidrocarburíferos no se pudo confirmar en qué estado se encuentran.
Proyectos con sanciones
Un dato importante es que de este universo de proyectos mineros que operan alrededor de los parques y reservas ocho han enfrentado procedimientos sancionatorios.
Eso por haber afectado las fuentes de agua, así como la flora y fauna.
Pese a eso, cabe destacar que muchos de estos procedimientos no aluden directamente a impactos reportados dentro de las áreas protegidas.
La mayoría de los procedimientos sancionatorios de este listado no culminan con sanciones.
¿Cómo entonces? Con caminos alternativos como los programas de cumplimiento.
Aquellos corresponden al plan de acciones y metas presentadas por la empresa infractora para cumplir con la normativa ambiental.
¿La idea? Evitar multas u otras acciones punitivas.
Ese fue el caso, por ejemplo, del proyecto Pampa Hermosa de SQM, cercano a la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal.
Este enfrentó un procedimiento sancionatorio en 2016 por poner en riesgo a los puquíos o manantiales del salar de Llamara, el cual es parte de la reserva.
La ausencia de zonas de amortiguamiento en los proyectos mineros
Según el jefe del Departamento de Evaluación Ambiental de Conaf, Ricardo Díaz, el principal recurso natural demandado por la minería es el agua.
Esta se utiliza en todas las fases de desarrollo del proyecto, es decir, durante la construcción, la operación y el cierre.
Un segundo recurso demandado es el suelo, considerando la construcción de caminos, instalaciones y la extracción de los minerales.
Es por ello que los posibles impactos de la minería se relacionan principalmente con la contaminación de las aguas, la degradación o incluso la desecación de los acuíferos como bofedales o lagunas altoandinas, lo que a su vez puede afectar a especies vulnerables que dependen de ellos.
Ya existen casos en donde la preciada vegetación del desierto se ha secado.
Como consecuencia, animales terminan desplazándose de sus hábitats.
Con lo anterior también se condena a las comunidades a una vida con menos agua.
Así fue como desapareció, hace unos años, la vega altoandina Pantanillo que es sitio Ramsar.
Este es un humedal considerado de importancia internacional, cuyas aguas son tributarias del Parque Nacional Nevado Tres Cruces.
Así también fue como los bofedales y toda la vegetación que rodeaba el salar Punta Negra se secó.
O como los algarrobos, uno de los pocos árboles que sobreviven a la rudeza del desierto, se desecaron progresivamente en el Salar de Atacama.
“El daño es a simple vista (…) no ves nada de vegetación”, le dijo a Mongabay Latam, en junio de 2021, Amanda Barrera, presidenta de la comunidad indígena de Peine sobre el salar Punta Negra.
La mayoría de los flamencos que ahí habitaban, precisó, se fueron y hoy “hay menos de la mitad”.
Esos impactos pueden ocurrir tanto si las actividades mineras están dentro de las áreas protegidas como si están a su alrededor, aseguran los expertos.
Es por eso que en numerosos países los parques y reservas cuentan con una zona de amortiguamiento.
A estas también se les llama buffer, claves para asegurar la conservación de las áreas protegidas, aseguró Cristina Torres de WWF.
Una de las razones es porque “se sabe que las especies no son estáticas”, dijo la experta.
Muchos animales necesitan moverse más allá de los límites de los parques o reservas para reproducirse con individuos de su misma especie que habitan otros espacios y que pertenecen a otras familias.
Ello les permite asegurar una descendencia más fuerte en términos genéticos y menos expuesta, por ejemplo, a enfermedades.
“Lo que ofrece una zona de amortiguamiento es justamente eso”, aseveró Torres.
“Que las especies puedan sobrevivir fuera del área natural protegida”, explicó.
Es por ello que las zonas de amortiguamiento cumplen un rol clave: funcionan como corredores biológicos que permiten asegurar la conectividad entre especies.
Animales, naturaleza y humanos se benefician con zonas buffer cerca de proyectos mineros
La bióloga, doctora en ciencias naturales y constituyente, Cristina Dorador, especialista en microbiología de los salares, explicó que, de hecho, la interconectividad en los ecosistemas del Altiplano es tal que “así como se ha hecho en el sur con las propuestas de redes de parques de la Patagonia, también aquí en el norte debiésemos tener una protección de redes de parques del Altiplano”.
Además, las zonas buffer permiten a las comunidades locales beneficiarse de las áreas protegidas sin que tengan que explotar sus recursos para mejorar su calidad de vida, explica la experta.
Que en Chile las zonas de amortiguamiento no estén contempladas en la normativa se debe, en opinión de Torres, a que “se ha dado mucha prioridad a la explotación de recursos naturales”.
Para intentar solucionar el problema de la ausencia de zonas de amortiguamiento, desde 2017 que Conaf se encuentra implementando un nueva metodología de planificación.
Una que incluya el desarrollo de actividades de conservación y de prevención con las comunidades que habitan en las áreas más próximas o zonas de influencia de las áreas protegidas.
Ricardo Quilaqueo, jefe del Departamento de Conservación de la Biodiversidad de la Gerencia Áreas Silvestres de Conaf, detalló que con esta nueva metodología, si por ejemplo una comunidad contamina el río aguas arriba de un parque, “tenemos que trabajar con esas comunidades para que nos puedan ayudar en el control de esa amenaza”.
Sin embargo, cuando se trata de minería el panorama se complejiza.
“Nosotros nos sentimos muy amenazados como administradores de las áreas silvestres por la minería”, admitió Quilaqueo.
“No tenemos muchas herramientas para poder actuar conforme al mandato que tenemos que es la conservación de la naturaleza”, agregó.
Alrededor de la Reserva Nacional Los Flamencos, por ejemplo, se identificaron al menos ocho proyectos.
De ellos, tres estarían en operación, dos en trámite, dos desistidos y uno rechazado.
Eso aunque la empresa presentó un recurso de reclamación, por lo que ahora está en manos del Comité de Ministros.
Todas las iniciativas — en su mayoría de litio — se emplazan en el Salar de Atacama.
Específicamente están en la misma cuenca de la reserva, que no cuenta con un cinturón de protección o zona de amortiguamiento.
Lo que se sabe es que la operación de los proyectos de litio podría repercutir en el descenso de los niveles de agua de las napas subterráneas.
¿Por qué? “Cuando se está explotando litio, se está explotando agua”, explico el hidrogeólogo y jefe del Centro de Ecosistemas Hídricos de la Universidad Bernardo O’Higgins, Christian Herrera.
“Son tan delicados los equilibrios de los humedales, sobre todo en áreas de salares, que incluso descensos de centímetros pueden implicar que una parte de esta vegetación de humedales se seque”, subrayó.
Falta de información también azota a las áreas protegidas
Pero, además, la falta de información también vuelve más vulnerables a las áreas protegidas.
El hidrogeólogo advierte que actualmente “muchas napas y acuíferos en reservas nacionales se desconocen”.
Eso porque los sondeos que realiza la minería tienen como objetivo saber cuánta agua se puede extraer.
“En cambio, en un área natural, donde no habrá retorno para las inversiones, simplemente (esos análisis) no se hacen”, explica el experto.
Aunque los guardaparques realizan monitoreos en parques y reservas, incluyendo por ejemplo mediciones en ecosistemas acuáticos (como humedales), faltan recursos para generar información detallada y de largo plazo que permita evaluar a cabalidad los potenciales riesgos e impactos de las actividades mineras sobre estas áreas, asegura Herrera.
Es decir, no se sabe si la extracción de agua alrededor de un parque o reserva por parte de los proyectos mineros está generando un impacto en las fuentes disponibles dentro del área protegida.
La contaminación atmosférica por material particulado provocada por el uso del suelo, como el tránsito de camiones, por ejemplo, también podría afectar a las áreas protegidas de distintas maneras.
“Hay que pensar en lo que ocurre con los glaciares en zonas mineras andinas, de montaña, en que todo el polvo que se levanta de las faenas va a caer arriba de glaciares generando en estos una superficie opaca”, dice Pablo Osses, geógrafo, investigador y académico de la Universidad Católica.
Según precisó el experto, “esa opacidad determina que el glaciar se derrita más rápido”.
Actualmente, la única posibilidad de impedir que la minería se instale en los límites de las áreas protegidas “es a través de la fuerza ciudadana, no hay ninguna otra posibilidad”, admitió Quilaqueo.
Es así como comunidades indígenas y locales han interpuesto recursos de protección y han logrado detener ciertos proyectos.
Un proyecto de ley clave atrapado en el Congreso
Aunque la Convención de Washington, de la cual Chile es firmante, establece que las riquezas existentes en los parques nacionales no se explotarán con fines comerciales, no impide que el Código de Minería establezca un permiso especial para ejecutar en ellos labores mineras, lamentó la bióloga de la organización Chile Sustentable, María Isabel Manzur.
“Lo cierto es que actualmente resulta posible ejecutar labores mineras en un parque nacional, mediante el permiso del intendente respectivo o del Presidente de la República en su caso, el cual a su vez constituye un permiso ambiental sectorial”, complementó el jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio Medio Ambiente, Juan José Donoso.
“La incertidumbre legal tampoco ha sido zanjada por los tribunales de justicia, quienes en algunas ocasiones han aplicado directamente la Convención de Washington prohibiendo, por ejemplo, el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas dentro de un parque nacional, pero en otras ocasiones han declarado que dicha Convención es de orden programático”, recordó Donoso, por lo que finalmente se han otorgado concesiones para explotar recursos al interior de las áreas protegidas.
Por esto, Manzur argumenta que “es necesario y urgente promulgar el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)” y que lleva años tramitándose en el Congreso.
Según la bióloga, dicho servicio no solo unificaría la gestión de las áreas protegidas que actualmente dependen de cinco ministerios, sino que consagraría en el ordenamiento jurídico la disposición de la Convención de Washington para que la explotación de recursos naturales con fines comerciales en parques nacionales quede prohibida.
Dicho servicio también podría entregar herramientas para que se establezcan zonas de amortiguamiento, comentó por su parte Torres.
“Actualmente hay mucha dispersión (de funciones entre distintos organismos) y cuando se tiene mucha dispersión y poca coordinación, algunas cosas se caen, entre ellas las zonas de amortiguamiento que no están incluidas en un manejo efectivo”, señaló.
El segundo, y seguramente último, período presidencial de Sebastián Piñera termina sin que el SBAP se concretara.
Ahora la pelota pasa a la cancha de Gabriel Boric, lo que será uno de los grandes desafíos del Gobierno entrante.
Pero para Dorador la creación del SBAP tampoco es suficiente.
“Podemos hacer un montón de acuerdos legales, pero aún así no nos estamos haciendo cargo del problema más profundo y es que Chile vive en base a la destrucción de la naturaleza”, concluyó.
Por ello, en su opinión, la nueva Constitución sería clave para “cambiar la ética de las relaciones que tenemos con la naturaleza”.
Aunque “muchos han querido caricaturizar esas ideas como extremas, creo que es lo más sensato que existe ante la crisis climática que estamos viviendo”.
“No hacerlo… eso sí es extremo porque es quedarse anclado en formas de ver un planeta que ya no existe”, cerró.
Esta investigación fue realizada y coordinada por Mongabay Latam en alianza con Ladera Sur.
