La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) confirmó que la minera australiana Equus Mining fraccionó los sondajes del proyecto “Los Domos”, adyacente al Parque Patagonia en la región de Aysén, para eludir una evaluación ambiental.
Además, denuncias de varias organizaciones regionales permitieron establecer que los trabajos intervinieron área bajo protección oficial, lo cual la obligaba a ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
El 10 de septiembre pasado, el titular de la Superintendencia, Cristóbal de la Maza Guzmán, requirió a la sociedad Southern Gold (de la minera Equus Mining) ingresar al SEIA 23 exploraciones realizadas en el marco del proyecto minero “Los Domos”.
El pronunciamiento apunta a que, entre 2017 y 2018, la empresa concretó 19 plataformas de sondaje en el sector de El Ceballo (en el área que fue excluida por Sebastián Piñera del decreto de constitución de la nueva área protegida) y, en 2018, habría realizado 4 nuevos sondajes en un área distinta: “Los Domos Sur”.
En noviembre de 2018, diferentes organizaciones presentaron una denuncia ante la SMA por este fraccionamiento de la iniciativa de Equus Mining. El fundamento es que el reglamento del SEIA sólo permite un máximo de 19 plataformas de sondaje sin evaluación ambiental en la región de Aysén.
A este requerimiento se sumó un oficio del 4 de marzo de 2019 del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), donde el organismo denunció a Southern Gold ante la Superintendencia de Medio Ambiente por el mismo motivo.
Las organizaciones sumaron a su presentación que las faenas se habían realizado “al interior de un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad (Estepa Jeinimeni Lagunas de Bahía Jara); al interior de una Zona de Interés Turístico; y a no más de 160 metros de los límites de la Reserva Nacional Jeinimeni, siendo aplicable lo prescrito en el artículo 11 letra d) de la Ley 19.300”.
Los siguientes pasos
La resolución firmada por Cristóbal de la Maza establece que Southern Gold debe ingresar las exploraciones a evaluación ex post, tanto por las plataformas de sondaje como por los 18 kilómetros de caminos con los que afectaron esta área bajo protección oficial.
El requerimiento se sustenta, además, en dos pronunciamientos del Servicio de Evaluación Ambiental, de noviembre de 2019 y agosto de 2021.
Ante esta medida de la SMA, la empresa presentó un cronograma para presentar declaración o estudio de impacto ambiental por lo ya realizado, el cual sería ingresado en septiembre de 2022.
Esta resolución confirma que la minera no puede realizar ninguna otra exploración ni prospección en el área.
Al respecto, el asesor legal e integrante del equipo jurídico Lawen, Erwin Sandoval Gallardo, expresó su satisfacción porque “los planteamientos que hicieran las organizaciones fueron recogidos”. Sin embargo, precisó que “acá no basta con que a la empresa se le diga que evalúe un proyecto ya ejecutado. Southern Gold necesariamente debe ser objeto de sanciones, por haber materializado su proyecto al margen del SEIA y por haberlo fraccionado deliberadamente con dicho objetivo”.
A esto se suma que “hubo afectación de la biodiversidad y la construcción de más de 18 kilómetros de caminos en un sector declarado como de preservación, de interés científico y de alto valor turístico, al interior de un área puesta bajo protección oficial. Aquello amerita, además, que se persiga la responsabilidad por daño ambiental de la titular del proyecto y se la obligue a reparar el daño causado al Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad Estepa Jeinimeni-Lagunas de Bahía Jara” indicó.
El propio SEA determinó que, según la zonificación del sitio prioritario, el sector intervenido tiene un objetivo de preservación, interés científico, con alto valor paisajístico y turístico. Además, colinda con el Parque Nacional Patagonia, luego el Presidente Sebastián Piñera lo excluyera de la nueva área protegida.
En el fondo, señaló Erwin Sandoval “es hora de terminar con la política de hechos consumados, de intervenir y evaluar después, lo cual fomenta la transgresión a la ya precaria normativa ambiental”.
