Rechazado, tramitado, aprobado: ¿qué está en juego con Dominga?

Científicos, senadores, diputados, funcionarios de instituciones ambientales y pesqueras, académicos, conservacionistas, ciudadanos. Muchos demandan que se detenga Dominga.

La decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo de aprobar el proyecto minero y portuario de Andes Iron ha generado una ola de indignación entre los chilenos.

En Santiago, Valparaíso, La Serena y Coquimbo la noticia causó multitudinarias protestas.

Y en la academia pasó algo similar: la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar pidió a las autoridades “detener y decidir de una vez por todas la no realización del proyecto bajo ninguna circunstancia, actual o futura”.

Funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura publicaron comunicados para rechazar la decisión de la Comisión.

Así mismo lo hizo la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la institución pública encargada de administrar las áreas silvestres protegidas en Chile, y señaló que “nunca nos hemos manifestado en favor de este proyecto puesto que los antecedentes presentados no permiten asegurar su sostenibilidad ambiental”.

Senadores y diputados han asegurado que recurrirán a instancias legales para detener el proyecto y hasta la representante en Chile de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Eve Crowley, hizo un llamado a proteger el territorio “evitando el daño irreparable que un proyecto como Dominga podría implicar para este ecosistema de relevancia mundial”.

¿Qué está en juego?

El Archipiélago de Humboldt, donde se emplazaría Dominga, comprende un territorio de unos 95 kilómetros de costa que van desde Punta Poroto por el sur hasta Punta Pájaros por el Norte, en la región de Coquimbo.

Es un importante corredor de ballenas y el hogar de la única colonia residente de delfín nariz de botella de Chile.

En total, los científicos han identificado unas 14 especies de cetáceos en el lugar, varios de las cuales se encuentran en peligro de extinción.

Es también el hogar del mamífero marino más pequeño del mundo, el chungungo (Lontra felina), que figura en la categoría de En Peligro, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Además están presentes otras 68 especies de peces, 180 de macroalgas con invertebrados y 122 de aves. En total, es posible encontrar allí hasta 560 especies marinas.

En este espacio, considerado Sitio Prioritario para la Conservación, se encuentra la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

Allí habita el 80% de la población mundial de esta ave en estado Vulnerable, según la UICN.

También están las Reservas Marinas Isla Chañaral e Isla Choro y Damas que también albergan al 90% de la población mundial del Casi Amenazado yunco (Pelecanoides garnotii).

La gran riqueza marina de esta área ha hecho que las comunidades costeras de La Higuera y los servicios públicos regionales — con competencia en el tema — insistan en la necesidad de proteger todo el archipiélago puesto que, según explicó el especialista en conservación marina Carlos Gaymer, todos los animales que viven en las Reservas Pingüino de Humboldt, Isla Chañaral e Isla Choros y Damas no se alimentan en dichas islas.

Su principal zona de alimentación es Totoralillo Norte, Chungungo y toda el área costera que va desde Caleta de Hornos hasta Punta de Choros.

Gaymer, quien es coordinador regional de WCPA-Marine para el sudeste del Pacífico, director del Núcleo Milenio de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas (Esmoi) e investigador de la Universidad Católica del Norte y del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, explicó que paradójicamente “las zonas de alimentación de las especies que están siendo protegidas por la reserva, no están protegidas. Y ningún sentido tiene proteger las áreas de nidificación si no proteges sus áreas de alimentación”.

Esto se evidencia, por ejemplo, en el Plan de Conservación para el Pingüino de Humboldt que resalta que “la degradación de los sitios de alimentación es la amenaza prioritaria en cuanto alcance, gravedad e irreversibilidad”.

Que Dominga se instale en el lugar de alimentación de las aves fue una de las razones por las que Conaf le hizo ver a la empresa la necesidad de incluir a las áreas protegidas dentro de la zona de influencia del proyecto.

Sin embargo, Andes Iron no hizo caso a esta recomendación porque, según la empresa, Dominga no impactará a las reservas.

La posición de la empresa dio como resultado una línea base del medio marino que fue considerada deficiente durante la evaluación ambiental del proyecto, pues subestimaba el área de influencia.

El proyecto fue rechazado en 2017 tanto por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo como por el Comité de Ministros por poner en serio riesgo uno de los ecosistemas marinos más biodiversos de todo el continente.

La determinación causó una crisis total en el gabinete de la presidenta Bachelet justo en la recta final de su segundo mandato.

Pero cuatro años después el proyecto tiene luz verde tras idas y venidas en distintas instancias judiciales, lo que implica que no se han considerado “todos los llamados de alerta realizados por diversos informes científicos y técnicos”, señaló la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar (Schcm).

Congreso molesto

La Coeva de Coquimbo aprobó Dominga con la condición que la empresa cumpla con ciertas medidas para otorgarle sustentabilidad ambiental al proyecto.

Sin embargo, según la Conaf, esas condiciones no fueron evaluadas dentro del proceso.

“Consideramos que tales elementos son totalmente improcedentes y manifiestan un reconocimiento implícito a que el proyecto en cuestión no es precisamente ambientalmente sustentable y, por el contrario, impacta irreversiblemente la viabilidad de las especies y ecosistemas en régimen de conservación ya que, además, ninguna de las medidas condicionantes propuestas son equivalentes a la pérdida de diversidad biológica de la zona”, sostuvo el organismo.

Los senadores Guido Girardi, Ximena Órdenes y Rabindranath Quinteros, presidentes de las comisiones de Salud, Medio Ambiente y de Pesca del Senado, respectivamente; Adriana Muñoz, senadora de la región de Coquimbo; Rubén Araya, científico y decano de la Universidad de Antofagasta; Liesbeth van der Meer, presidenta de Oceana Chile; Sara Larraín, presidenta de Chile Sustentable; junto a Nancy Duman y Óscar Avilez, representantes de la Alianza Humboldt (organización que reúne a diferentes ONG), anunciaron que presentarán un recurso de protección contra el proyecto y pedirán que se declare esa zona como Área Marina Protegida.

Por su parte, la Cámara de Diputados expresó su rechazo a Dominga a través de la aprobación de un proyecto de resolución.

“Vamos a recurrir a otras instancias legales pues nos parece una grosería total esta decisión de la Coeva de Coquimbo de aprobar un proyecto en estas condiciones”, dijo la diputada Cristina Girardi.

Además, la legisladora agregó que “uno puede especular que acá se están protegiendo los intereses de los dueños de estos proyectos por sobre el medio ambiente”.

La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente (Anfumma) señaló que nuevamente son testigos de “cómo intereses económicos se transforman en decisiones políticas que ignoran a sus asesores y equipos técnicos de evaluación”.

Asimismo, añadió que con este caso se “vuelve a poner en evidencia varias debilidades que tiene el proceso de Evaluación de Impacto ambiental, el cual está diseñado para que de una u otra forma los proyectos sean aprobados sin tomar realmente en consideración los impactos, muchas veces irreversibles que puedan suponer dichas inversiones”.

Comunidad indignada

Desde la FAO, Crowley también se pronunció señalando que el Archipiélago de Humboldt “es uno de los ecosistemas más productivos del mundo y fuente de subsistencia de miles de hombres y mujeres que se dedican a la pesca artesanal, la recolección y extracción de algas y mariscos, además del turismo de avistamiento de cetáceos junto a una tradicional gastronomía con productos del mar”.

Crowley recordó que “los compromisos ambientales de Chile como presidente de la COP25 y establecidos en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, con el que el país se comprometió a proteger el océano y fortalecer y extender sus áreas marinas protegidas, refuerzan la importancia de preservar este tipo de ecosistemas”.

Al respecto, la Federación de Asociaciones Gremiales de Fiscalizadores Pesqueros del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) también se pronunció señalando que la línea base del proyecto no solo subestimó el área de influencia al no considerar las áreas protegidas, sino que también “subestimó la actividad pesquera artesanal desarrollada por décadas que da sustento diario a más de 600 pescadores y sus familias”.

Donde se pretende instalar Dominga se cosecha el 30% de la producción nacional del loco y todavía existen uno de los pocos bancos de machas.

Esa biodiversidad, sostuvieron los funcionarios de Sernapesca reunidos en la Afipes, “mantiene a la localidad de Punta de Choros como un punto de atracción turística nacional y un hotspot de biodiversidad a nivel internacional, con más de 100 mil visitantes anuales que llegan a disfrutar de la observación de su sorprendente fauna marina”.

Lo anterior, agregaron, “ha permitido generar innumerables puestos de trabajo, fortaleciendo la economía local con una actividad sustentable”.

Sin embargo, todo esto se verá seriamente amenazado debido a “los eventuales derrames de hidrocarburos, de hierro y otros contaminantes (como la contaminación sonora que producirá el puerto y las embarcaciones que a este arribarán), el muy probable riesgo de colisión y muerte de grandes cetáceos por el tránsito de naves mayores y la alteración de zonas de alimentación del pingüino de Humboldt, muchas aves marinas y de pequeños cetáceos como el delfín nariz de botella y el calderón gris”.

A este llamado desesperado también se han unido destacadas personalidades de la conservación y la ciencia a nivel internacional como Jane Goodall, una de las activistas ambientales más importantes del mundo y mensajera de la paz de la ONU, además de la reconocida oceanógrafa Sylvia Earle.

La aprobación de Dominga llegó tan solo dos días después que se publicara el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, trabajo que concluyó que ya hay daños causados al planeta que son irreversibles.

“La evidencia de la crisis climática — revelada alarmantemente en el reciente informe del IPCC — hace que sea más urgente que nunca hacer realidad el discurso de tomar decisiones basadas en la evidencia científica”, dijeron los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, quienes “exigieron” además a las autoridades revertir su decisión y no autorizar el proyecto Dominga.

El comité de ministros, que revisa reclamaciones presentadas ante proyectos de inversión, todavía no discute nada relacionado a Dominga.

Pero el mega proyecto podría encaminarse a sus escritorios si es que se llegan a interponer reclamaciones administrativas.

Organizaciones medioambientales pueden hacerlo, como también agrupaciones que se sientan afectadas por la determinación.

Además, el mundo de la conservación todavía espera la resolución de la Corte Suprema por los recursos pendientes que hay contra la iniciativa, que sigue judicializada.

Este artículo fue publicado originalmente en el medio de comunicación de noticias ambientales Mongabay Latam