“Quisiera destacar el acuerdo que impulsamos conjuntamente con Costa Rica -el Acuerdo de Escazú-, que es un acuerdo que busca darle más transparencia y mayor eficacia a la defensa del medio ambiente, y que vamos a poner a disposición del resto de los países de nuestro continente en la Asamblea General de las Naciones Unidas”, decía en julio de 2018 el presidente Sebastián Piñera.
Dos años después, y a cinco días que finalice el plazo para firmar el tratado internacional, Chile mantiene su negativa de rubricar el primer gran acuerdo ambiental en Latinoamérica y el Caribe.
La gran contradicción de todo este asunto es que Chile, bajo el primer mandato de Piñera (2010-2014), fue el principal impulsor y negociador para elaborar el Acuerdo de Escazú.
Además, Chile está suscrito al Acuerdo de París y presidió la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25) que finalmente se realizó en Madrid, evento en el que el liderazgo chileno en materia ambiental fue duramente criticado.
La imagen del país se deteriora
“Chile pierde credibilidad al no firmar este acuerdo”, explicó a DW Paulina Astroza, experta en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.
“Nuestra política exterior habla del compromiso en la lucha contra el cambio climático, asumimos la COP25, somos parte del Acuerdo de París y siempre llevamos el discurso de que Chile está comprometido con un ambiente libre de contaminación”, recordó.
“No firmar Escazú es una incoherencia”, agregó la académica, quien fue invitada a exponer sus argumentos frente a la comisión de Medio Ambiente del Senado, cita de la que los ministros de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores decidieron ausentarse.
“El liderazgo que Chile tenía se resigna cuando el país se retira del Acuerdo de Escazú. Eso demuestra que los liderazgos no se autoasignan, sino que se logran a través de las acciones y de la coherencia de la política exterior”, concordó por su parte Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente del segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018).
Los motivos del Gobierno no convencen
El Gobierno justificó inicialmente su negativa de firmar el tratado ambiental cuando se encontraba en pleno litigio marítimo con Bolivia hace dos años, aludiendo a que este podía interferir con la soberanía y jurisprudencia nacional.
La semana pasada, en conversación con El Mercurio, la Cancillería explicó que el Acuerdo de Escazú es “un tratado que vulnera la legislación chilena y dota de incertidumbre al Estado y los intereses de privados”, agregando que “mezcla temas de Derechos Humanos con medio ambiente”.
“El acuerdo dice que hay tomar en especial consideración a ciertos países para la cooperación en materia de medio ambiente, habla de transparencia, de información pública, de acceso a la justicia ambiental para ciertos países, entre los que están aquellos sin litoral. En ninguna parte se da pie a una demanda de Bolivia en contra de Chile para obtener un acceso soberano al mar”, aseguró Astroza.
Y Mena concuerda: “El tema de la soberanía es una exageración. Todo tratado significa que uno se somete a reglas que se abordan y se acuerdan en común. Eso se hace con tratados de libre comercio u de otra naturaleza”.
Por su parte, Ingrid Wehr, representante para el Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll, ligada al partido alemán Los Verdes, dijo a DW que “desde el mundo ambiental se sospecha que este bloqueo llega realmente desde la presidencia“.
“Y tiene que ver con el hecho de que hay intereses privados poderosos de empresas extractivistas que están imponiendo su agenda económica en contra de la agenda medioambiental y derechos humanos. De otra manera no se explica. Ninguno de los argumentos que escuchamos desde 2018 tiene algún fundamento sólido”, lanzó.
“No hay que pedirle peras al olmo”
“Yo preferiría que este tema se aborde en el proceso constituyente y elijamos un Gobierno que sí ratifique este acuerdo. Este acuerdo no lo va a firmar este Gobierno y, por lo tanto, no hay que pedirle peras al olmo”, señaló categóricamente Mena.
“El Estado de Chile pierde una gran oportunidad de fortalecer los derechos de los defensores, pero también de limpiar su imagen internacional muy dañada después del estallido social. Además, firmar el acuerdo en este momento ayudaría a prevenir más conflictos socioambientales en un momento donde el país pasa uno de los momentos más críticos de su historia política”, concluyó Wehr.
