Un proyecto de ley para regularizar propiedades agrícolas ilegales en tierras públicas de Brasil genera temores de una intensificación de la deforestación y de los conflictos agrarios, en especial en la Amazonía, en un contexto de desmonte de las normas ambientales por el gobierno de Jair Bolsonaro.
La ocupación desordenada de unos 600.000 km2 de tierras públicas (una superficie equivalente a la de Francia) para actividades agropecuarias o de explotación de los recursos del suelo cobró impulso con la dictadura militar (1964-1985), pero sin otorgar sistemáticamente escrituras de propiedad.
Ese vacío jurídico estimuló a los especuladores, que acaparan y deforestan esas tierras para venderlas con documentos falsos. Ese tipo de fraude, que los brasileños llaman grilagem, es causante de una deforestación descontrolada y de violentas disputas territoriales.
El gobierno de izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva lanzó en 2009 el programa “tierra legal” con el objetivo de legalizar unas 150.000 propiedades ocupadas antes de diciembre de 2004, apostando por el desarrollo de la agricultura familiar.
Pero ese plan solo se cumplió en un 20%. Las reglas se flexibilizaron en 2017 y con la llegada al poder de Jair Bolsonaro en enero de 2019 los procesos de regularización prácticamente se suspendieron.
El actual proyecto de ley prevé criterios aún menos estrictos de regularización y avanza a la par de otro proyecto del mandatario ultraderechista, que pretende autorizar la explotación agrícola y minera en tierras indígenas.
Menos inspecciones
“Si el objetivo del gobierno era ayudar a los pequeños agricultores, no hacía falta cambiar la ley”, sino disponer de “más recursos y de voluntad política”, dijo a la AFP Elias Borges, secretario de política agraria de la Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas (Contag).
Borges critica que el gobierno pretendiese aumentar de 440 a 1.650 hectáreas la superficie de las propiedades que se verían dispensadas de verificaciones previas a su regularización. El control se efectuaría posteriormente, vía satélite.
El relator del proyecto de ley en la Cámara de Diputados propuso una solución de compromiso, a 660 hectáreas, pero según la abogada Juliana de Paula Batista, del Instituto Socio-Ambiental, se trata apenas de una “retirada estratégica” dado que el gobierno “sigue presionando” para modificar el texto.
“El crimen paga”
Las tentativas de ampliar sin control previo las superficies regularizables preocupa a Brenda Brito, investigadora del Instituto del Hombre y del Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon).
“Los conflictos agrarios no pueden verificarse por satélite y no todos son registrados por las autoridades. Tampoco existe un proceso sólido de verificación de los bancos de datos en el catastro rural, donde hay propiedades que se superponen. Debería darse prioridad a reforzar ese tipo de control”, afirmó.
Brito también está preocupada por la facilidad con la cual el proyecto de ley permitiría a los infractores pasar el borrador sobre sus crímenes ambientales, firmando un simple compromiso de buena conducta, de cumplimiento difícilmente controlable.
Esa medida sería como decir “que el crimen paga” y alentaría nuevas invasiones de tierras, agravando la deforestación, advirtió.
El texto podría ser votado próximamente por la Cámara de Diputados, que funciona a media máquina debido a la pandemia de coronavirus.
El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, desató una tormenta política al instar en una reunión ministerial en abril (difundida por orden judicial), a “aprovechar este momento en que la atención de la prensa está volcada casi exclusivamente en el Covid-19 (…) para ir modificando todo el reglamento y simplificando normas” ambientales.
El mes pasado, las principales cadenas de supermercados británicos amenazaron con boicotear los productos brasileños si el Congreso aprueba la “ley del grilagem“.
El martes, un grupo de legisladores de Estados Unidos encabezado por la representante indígena Deb Haaland pidió al Congreso de Brasil rechazar ese proyecto de ley por considerarlo “muy perjudicial para la selva amazónica, puesto que legalizará enormes áreas de tierras públicas que ya han sido ocupadas y taladas ilegalmente”.
Según el Instituto de Investigaciones Ambientales sobre la Amazonía, la deforestación en la región amazónica registró un aumento de 51% respecto al mismo periodo de 2019. Un tercio del área desmatada correspondió a tierras públicas sin atribución oficial.
En tanto, los conflictos agrarios en Brasil registraron un aumento anual de 11,6% en 2019 y se produjeron en un 60% en la región amazónica, de acuerdo con la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).
