Desde el lugar de la sociedad civil he reivindicado asiduamente el derecho a la libertad de expresión como un ejercicio ciudadano y no exclusivo de los periodistas o dueños de los medios. Ha sido un camino difícil, pero, a fuerza de perseverancia, hemos logrado avanzar. Hablo en plural porque dichos avances son resultado del trabajo de múltiples actores, incluyendo el movimiento de radios comunitarias donde pertenezco.

En las últimas décadas los debates sobre libertad de expresión han transitado desde la interpelación a los estados, como principales obstáculos, para su amplio ejercicio, a los actores privados que con prácticas de concentración copan los espacios mediáticos y otros poderes, como el crimen organizado, que hacen lo suyo coartando la labor de periodistas, comunicadores y de la propia sociedad civil que se ve impedida de recibir información plural y diversa.

No ha sido un camino de avance en línea recta. Para la ciudadanía es una práctica compleja apoderarse de soportes que están al alcance de la mano y responsabilizarse por el carácter público de esa comunicación; para los privados es tentadora la facilidad de globalizar esta “gran industria” de la entretención y las comunicaciones, y ¡qué decir! para las autoridades políticas y gubernamentales, que no dejan de sentirse amenazadas o al menos incomodas con la crítica y el despliegue del poder “contralor” de los medios de comunicación, más si se observa una clara asimetría de impacto, entre actores que entran en el debate público a través de estos medios.

El actual panorama de los medios es complejo porque está en pleno dinanismo y cambio. Los contextos políticos en que se aplica la libertad de expresión, muchas veces los actores inclinan la balanza con arreglo a sus propios intereses, a pesar de los principios de diversidad y pluralismo en el debate público que damos como asimilados o inherentes a las sociedades democráticas.

La confusión es fácil. Lo complicado es hacerse cargo de todos los estándares a la vez. Si reconocemos que la concentración de la propiedad de los medios coarta la libertad de expresión a la vez debiéramos considerar que la aplicación del derecho penal a los periodistas y comunicadores es un atentado a su ejercicio. Por genealogía, este último es un estándar muy primigenio en el acumulado práctico y teórico sobre libertad de expresión, más si la acción penal proviene de una alta autoridad política.

En Chile las radios comunitarias viven ambos embates a su derecho a la libre expresión: se ha aplicado derecho penal en su contra con la transmisión sin licencia, que está aún tipificada como delito (Ley de Telecomunicaciones, artículo 36Ba), y han sido víctimas de la concentración medial por parte de los grandes consorcios internacionales de radio, siendo el caso de Prisa el más evidente. El espectro radioeléctrico se ha concentrado como nunca en las últimas décadas.

Estos hechos han sido representados por las organizaciones de radios comunitarias, ante todos los gobiernos en los últimos 26 años. También se han hecho presentes en variados informes nacionales e internacionales sobre derechos humanos y libertad de expresión, para que el Ejecutivo tome iniciativas legales que corrijan esta situación y aplique políticas públicas que “emparejen la cancha” para lograr un acceso equilibrado a los medios de comunicación. Lo cierto es que hasta ahora no ha existido solución a estas demandas.

Pía Matta
Pía Matta

Por eso es importante tomar posición y participar en el debate suscitado a propósito de la presentación de una querella por la parte de la máxima autoridad política del país contra cuatro periodistas de la revista Qué Pasa. Es deseable que la discusión aborde los temas de fondo y llame la atención respecto del tipo de democracia que estamos construyendo. Como país nos debemos un diálogo con altura de miras sobre libertad de expresión, acceso a los medios de comunicación por parte de la ciudadanía, concentración y propiedad cruzada de los medios, el lugar y definición de los medios públicos y el desarrollo de un tercer sector de las comunicaciones.

María Pía Matta
Ex presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC

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