Alejandro Madrid, ministro en visita por causas de violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, condenó a presidio efectivo a cinco miembros en retiro del Ejército, quienes fueron responsables del envenenamiento a siete reclusos de la ex Cárcel Pública.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 1981, cuando el militante del MIR Guillermo Rodíguez y los simpatizantes de la agrupación Adalberto Muñoz, los hermanos Ricardo y Elizardo Aguilera, y los reos comunes Víctor Corvalán y Héctor Pacheco presentaron graves problemas de salud dentro del penal.

La situación obligó su traslado hasta el Hospital del Centro de Readaptación Social de Santiago, concretándose el fallecimiento de Corvalán en el camino y de Pacheco en la Posta Central a causa de “intoxicación Botulínica”, como consignó el médico Jorge Mery.

Se pudo determinar que los sujetos fueron envenenados poniendo una sustancia bacteriológica en la comida de los internos, la cual fue traída desde Brasil y fue recepcionada en un laboratorio secreto ubicado en Carmen N°339, a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército.

Aunque los afectados fueron trasladados hasta un centro médico, se determinó que no recibieron la atención correspondiente pues se les diagnosticó gastritis aguda, por lo que fueron devueltos a sus celdas por considerar que su salud no se encontraba en estado de gravedad.

Los familiares acudieron a la Vicaría de la Solidaridad para exigir un médico particular que pudiera revisar a los reos. Sin embargo, el alcaide “le informo al fiscal de la Primera Fiscalía Militar que ninguno de los internos requería de atención médica“, consignó el fallo.

“El hecho de no adoptar las medidas necesarias para evitar la introducción de sustancias altamente toxicas como, asimismo, el retardo en el traslado del hospital penitenciario de los internos antes mencionados, constituye una afectación de los derechos de estos y evidencia una grave omisión dolosa del deber de cuidado en el cual recaía en el Alcaide de la Ex Cárcel Pública”, se declaró.

Eduardo Arriagada y Sergio Rosende fueron condenados a 20 años de presidio en calidad de autores en el homicidio consumado de Corvalán y Pacheco y de los homicidios frustrados de los otros cinco internos, mientras que Joaquín Larraín, Jaime Fuenzalida y Ronald Bennett fueron condenados como cómplices con 10 años y un día de presidio.

Es por lo anterior que el falló condenó al Estado de Chile al pago de una indemnización total de $950 millones a repartir entre familiares de los afectados y sobrevivientes.

Peter Pacheco Castro, en la suma de 150.000.000
Ricardo Aguilera Morales, en la suma de $100.000.000
Elizardo Aguilera Morales, en la suma de $100.000.000
Patricia Castillo Jofré, en la suma de $200.000.000
Patricia Corvalán Castillo, en la suma de $100.000.000
Guillermo Rodríguez Morales, en la suma de $300.000.000