Tras los últimos incidentes protagonizados por encapuchados, específicamente el ataque a la iglesia de la Gratitud Nacional tras una nueva marcha de la Confech, especialistas manifiestan que deben repensarse los requisitos para autorizar las marchas.
El experto en seguridad pública de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, explicó que el espacio de movilización es demasiado amplio, por lo que propone que las autoridades autoricen solo un lugar donde esté contenida la manifestación para poder garantizar mayores niveles de seguridad.
Según el análisis del especialista, los sectores claramente delimitados aportarían que tanto Carabineros como los coordinadores de las manifestaciones controlen con mayor eficacia las acciones violentas, ya que “aunque no es su responsabilidad, los organizadores deben actuar para aislar a estos grupos.
Araya aseveró que es importante que Carabineros “tenga la certeza de que de que si va a ir detrás de dos o tres encapuchados, estos no sean protegidos por la masa”. Asimismo, manifestó que debe haber un trabajo estratégico y de inteligencia para impedir este tipo de hechos.
En la misma línea, la experta en seguridad ciudadana del plantel estatal, Lucía Dammert, manifestó que “la solución a esto no es la mano dura, sino la mano inteligente”, ya que los problemas no se solucionan con nuevas leyes o figuras, sino con tener más resultados.
Dammert aseguró que “lo que estamos esperando es una resolución fuerte para que estos hechos no ocurran y para que las personas puedan ser juzgadas efectivamente” aludiendo a que, si nadie “paga la culpa”, estos hechos se volverán a repetir.
Además, descarta que el problema sea la falta de contingencia policial o de las facultades para enfrentar estos hechos, ya que, “en todos estos, el delito es evidente”.
Según el sociólogo de la Universidad de Santiago, Vicente Espinoza, “esto no es un problema psicológico. La rabia y la ira son fenómenos psicológicos individuales que no tienen una traducción colectiva. Estos grupos están actuando fuera de los marcos de la institucionalidad porque consideran legítimo uso de la violencia”.
Espinoza agregó que es un problema que se debe encarar e introducir en la discusión política y, si se toma una posición exclusivamente moral,”van a estar quienes la condenan y los que creen que es legítimo ejercerla, por lo que no se va a detener”.
