La Tercera Sala de la Corte Suprema decidió revocar el dictamen de la Corte de Apelaciones y autorizó la captación de imágenes en espacios públicos desde globos de vigilancia licitados por las comunas de Lo Barnechea y Las Condes.
Sin embargo, para el experto en seguridad pública de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, la iniciativa “no es indispensable. Perfectamente, se podría cumplir esa función con los postes que se colocan en determinados espacios públicos o a la orilla de los edificios”.
Aunque Araya reconoció que el instrumento aporta a la disuasión y prueba de delitos “no tan graves, pero comunes”, recalcó que los globos de vigilancia “no sirven para otro tipo de delitos que no sean los del espacio público”.
Asimismo, el experto manifestó que “aquí hay una política efectista de estos municipios, de traer una cosa que es innovadora, que se convierta en noticia nacional. Hay una finalidad política y de marketing de poder causar noticia con un instrumento novedoso que no se había usado en Chile”.
Para Araya, el desafío del país es avanzar hacia una legislación que proteja a las personas, ya que hay que proteger la libertad y vida privada. Además, agregó que “tenemos una regulación absolutamente pobre en este ámbito”.
El académico de la Facultad de Humanidades de plantel estatal sostuvo que la resolución del máximo tribunal del país va a requerir normas especiales y específicas que digan relación con el uso de esto y sobre el procesamiento y uso de esa información, advirtiendo que “eventualmente, esto podría ser usado con otros fines, como espionaje e, incluso, extorsión”.
Araya reconoció que los globos de vigilancia responden a la tendencia, a nivel mundial, de proliferación de medidas de prevención y disuasión del delito, sin embargo, criticó que se siga “apostando a medidas de control y punitivas, lo que se conoce como ‘populismo penal’, aumentando las penas en el código penal para dar una respuesta efectista frente a la población”.