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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La comisión técnica que trabajó durante cuatro meses para resolver la crisis del mega campamento en el Cerro Centinela, concluyó con un informe de 15 páginas destacando el valor de los terrenos, condiciones de venta y la propuesta del Minvu, advirtiendo que un desalojo causaría una crisis humanitaria.

Durante la noche de este viernes 5, se dio por cerrada la comisión técnica que por cuatro meses sesionó con el fin de encontrar una solución a la crisis del mega campamento del Cerro Centinela, ubicado en la comuna de San Antonio.

La instancia culminó con un reporte de 15 páginas en donde se exponen puntos tan relevantes como el valor a pagar por los terrenos, las condiciones para su venta, la propuesta del Minvu y las dificultades que traería consigo el desalojo.

En esa línea, el documento expone que “un desalojo de esta magnitud podría causar una crisis humanitaria, considerando que más de 3.000 niños habitan el lugar, además de producir altos costos sociales y económicos, tanto para el Estado, como para las familias del campamento, la ciudad de San Antonio, y también para los propietarios de los terrenos”.

Junto con ello, indica que el “Minvu presentó un modelo, en el que se propone que las familias del campamento, organizadas en cooperativas cerradas de vivienda, sean las principales compradoras de los terrenos, ya que el Estado no puede adquirir directamente los terrenos por limitaciones presupuestarias y legales”.

“En consecuencia, el enfoque propuesto incentiva un modelo de intervención público-privada, permitiendo que las familias, con el respaldo estatal, participen activamente en la solución, disminuyendo posibles efectos especulativos sobre el suelo”, añade.

Sobre los avances y dificultades de megatoma del Cerro Centinela

En el reporte, la cartera comenta que tras 17 sesiones han existido avances, pero también dificultades, las que “se han producido por concebir esta operación como una compraventa tradicional, sin considerar el contexto social ni la envergadura de la operación”.

Es por esto que han señalado en varias ocasiones que “se trata de una situación excepcional que involucra terrenos de privados y a más de 4.000 familias que hoy ocupan un macro predio de 215 hectáreas, sobre las cuales recae una orden de desalojo, por lo que se requiere soluciones a la medida del problema”.

Estas últimas, por cierto, requieren de “tiempos mayores a los de una simple compra venta, pues debe respaldarse en una política pública que se ha diseñado para estos efectos”.

Tasación del terreno en que se emplaza la megatoma de Cerro Centinela

Ahora bien, en lo que respecta al valor de tasación de los terrenos, el informe indica que el “valor ofertado por los propietarios se sustenta en informes que no se encuentran técnicamente validados por el MINVU, en su rol de resguardo técnico del proceso”.

“Las principales observaciones técnicas a la tasación de los propietarios radican en aspectos metodológicos, donde la más relevante es la falta de ajustes para factores como el tamaño, la ubicación, y las características técnicas de habilitación de los terrenos”, agrega.

Para hacer frente a estas discrepancias, desde el Minvu encargaron una tasación a la empresa ´Transsa´, a la que le pidieron expresamente “hacer un análisis comercial del terreno sin considerar la toma, es decir, sin descuentos al precio debido a la ocupación”.

“El MINVU ha propuesto alternativas técnicamente justificadas para viabilizar un acuerdo sobre el precio, pero esto fue rechazado por los propietarios sin presentar otras opciones ni propuestas, lo que impidió avanzar hacia un valor o rango de consenso”, enfatiza.

Por último, en el texto se específica de forma explícita que “en caso de no obtenerse el acuerdo entre las partes, se sugiere que la orden de desalojo se mantenga suspendida durante 3 meses con el objeto de implementarla adecuadamente, de manera razonable y paulatina, conforme a las reglas definidas por el Ministerio del Interior y delegación presidencial”.