Los hechos ocurrieron el 25 de octubre de 2015 en Punta Arenas, cuando la víctima se encontraba al interior de su domicilio junto a su conviviente, Johnny Kurt Sandoval Ramírez.

Ambos se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas, según detalló el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson. En el primer día de juicio oral, tras la denuncia de la mujer por una supuesta violación y agresiones físicas en su contra.

El imputado se alteró al ver que la víctima que se mantenía pendiente de su teléfono celular. Producto de esto comenzó una discusión, donde Sandoval comenzó a maltratar a su víctima sicológica y físicamente, según detalló el fiscal.

Luego la habría obligado a mantener relaciones sexuales, a pesar de que la mujer se opuso en todo momento. Le propinó golpes de puños en el rostro, piernas y otras partes del cuerpo, logrando concretar el acto sexual mediante fuerza y amenazas, señalándole que si lo denunciaba la mataría a ella y a su hijo.

Por su parte, la víctima, quien declaró tras un biombo, confesó que tenía problema de alcoholismo, pero el día que denunció los hechos fue violentada sexualmente. “Yo era su compañera de alcohol, desde diciembre del año pasado estoy en un programa por el consumo; luego que él fue detenido no he vuelto a tomar. Ya estaba cansada de él”, aclaró.

Agregó que antes de la agresión tenía ganas de concurrir al Sernam para obtener ayuda, sin embargo, después de lo que pasó decidió hacerlo.

“Ese domingo fui obligada, para mí no fue una relación sexual, eso fue una violación. Cuando pedí ayuda en el Sernam, fue para que le dieran una lección, pero lo que sucedió ese domingo contribuyó a tomar la decisión de buscar ayuda”, dijó la mujer violentada.

Las declaraciones se dieron en el contexto del primer día de juicio oral, donde se determinó que al momento de cometer el acto sexual también incumplió una medida del Tribunal que lo obligaba a no acercarse a la víctima por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, decretada en julio del año pasado.

Con estos antecedentes la Fiscalía solicitó una pena de cinco años de presidio por el delito de violación y 541 días de reclusión por el delito de desacato.

Este jueves finaliza el juicio, donde los jueces deberán entregar su decisión de condena o absolución.