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La polémica sobre las pensiones en Gendarmería se desató luego que se supiera que funcionarios de esa institución, luego de su retiro, están recibiendo jubilaciones millonarias de Dipreca, la Dirección de Previsión de Carabineros.
Algunos casos citados fueron los del coronel en retiro Juan Carlos Manríquez Sepúlveda, con una pensión de 5.023.632 pesos mensuales; el ex coronel Carlos Eduardo Barraza, con 5.605.874 pesos mensuales de pensión; los ex directores de Gendarmería Marco Salas Mercado y Juan Letelier Araneda, con 5.850.935 y 5.866.000 pesos mensuales, respectivamente; y el coronel en retiro Luis Camino Farías, con 6.037.622 pesos mensuales de pensión.
Fue en el contexto del debate sobre esas cifras que se supo que a través del dictamen 42.701, firmado el 9 de junio, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, declaró ilegal las pensiones de cinco funcionarios retirados que superaban el tope legal de 60 UF (1.563.540 pesos, al valor del lunes 4 de julio).
La resolución de la Contraloría caló hondo en Gendarmería. Pero allí se observó con sospecha que todos los ejemplos publicados de pensiones superiores a las 60 UF fueran de oficiales en retiro y ninguno de suboficiales o de profesionales civiles que también están percibiendo pensiones por sobre ese monto.
Porque, por ejemplo, de las 135 pensiones de Gendarmería tramitadas el año 2015, sólo 12 son inferiores a 1.570.000 pesos, por lo que se deduce que es más que habitual que las pensiones sean superiores a las 60 UF.
De esas 135 pensiones tramitadas el año pasado, 78 superan los dos millones de pesos mensuales, 10 de ellas son de de funcionarios civiles en retiro. Y 9 superan los 3 millones de pesos mensuales.
Entre estas últimas destaca la de la periodista Ema Myriam Olate Berríos, a quien se aceptó su renuncia voluntaria al cargo de Subdirectora Técnica a contar del 1 de octubre del 2015, y que percibe una pensión de 5.214.799 pesos mensuales. Ella es la esposa del diputado socialista y actual Presidente de la Cámara, Osvaldo Andrade. La toma de razón de esta renuncia por la Contraloría fue el 23 de septiembre del año pasado (se adjunta documento).
En octubre del año 2014, el nombre de Olate apareció en un listado, elaborado por los diputados de la UDI, Felipe Ward y José Antonio Kast, y el RN Nicolás Monckeberg, de 55 familiares de políticos y ministros del oficialismo que ostentaban altos cargos y sueldos.
Volviendo a las pensiones de Gendarmería y su eventual tope de 60 UF, este año 2016 se han tramitado 14 pensiones en la institución. Sólo una de ellas es inferior a 1.563.540 pesos, o sea a las 60 UF al valor del 4 de julio.
Lo complicado para Jorge Bermúdez es que desde que asumió sus funciones de Contralor, el 17 de diciembre del año pasado, su institución tomó razón –o sea, dio validez legal- a 11 pensiones de funcionarios de Gendarmería, 9 de ellas por valor superior a las 60 UF (se adjuntan los documentos de esos 9 ex funcionarios).
Desde Gendarmería quieren interpelarlo, preguntándole si, entonces, él mismo incurrió en una ilegalidad al tomar razón de esos montos establecidos por Dipreca. Una oportunidad para ello se dará el próximo miércoles, cuando el tema se trate en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.
Ese tope de 60 UF se deduce de la ley n° 19.200, del año 1993. Gendarmería reclama que dentro del mensaje presidencial de esa ley se señaló expresamente que esa norma no sería aplicable al personal de Gendarmería.
Hace dos semanas, Dipreca informó que pedirá a la Contraloría revisar la metodología con la cual se calculará el tope de las pensiones en Gendarmería.
No sólo eso: hace tres semanas la Cámara de Diputados pidió por unanimidad que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley que mejore la situación laboral de los gendarmes y establezca la plena imponibilidad de sus remuneraciones, sin que se aplique el tope de 60 UF.
La queja de la institución apela a razones más antiguas. En virtud de la ley n°5446 del 12 de julio de 1934, el personal de prisiones quedó afecto al régimen de retiro e invalidez y montepío de la Caja de Previsión de Carabineros de Chile.
Eso duró hasta que el 11 de enero de 1975, la dictadura cívico-militar dictó el decreto ley n°844, a través del cual el personal de Gendarmería fue desafectado de dipreca y pasó a ser imponente de la Caja Nacional de Empleados Públicos. Obviamente, una decisión sin derecho a reclamo.
Gendarmería estima que, desde ese decreto ley de 1975, cambió de estatus: de ser una institución, pasó a ser tratada como un simple servicio público. Ahí estaría el nudo del asunto.
Aunque recuperada la democracia, a través de la ley n° 19.195, de enero de 1993, el personal de Gendarmería volvió a ser imponente de la Caja de Previsión de Carabineros, ellos destacan que están sujetos a un sistema especial en el que cotizan más que los funcionarios policiales.
Por eso aspiran a que se les homologue y se les otrogue el mismo trato que a los funcionarrios de Carabineros.
