El Gobierno anunció el congelamiento de los precios de los combustibles hasta el 3 de febrero de 2027 y el envío de un proyecto de ley para revertir el alza prevista para este jueves, que alcanzará los $42 por litro en el diésel y $39 en las gasolinas. Las medidas fueron comunicadas por el ministro Claudio Alvarado, tras una extensa jornada de negociaciones con los gremios de camioneros, que por ahora mantienen el paro.
Desde el Palacio de La Moneda, Alvarado explicó que el Ejecutivo ingresará este jueves una iniciativa al Congreso para dejar sin efecto el incremento de los combustibles que comenzará a regir durante la jornada. Sin embargo, aclaró que la reversión no será inmediata, ya que dependerá de la tramitación legislativa.
“Si el proyecto está despachado y promulgado el próximo día martes, el jueves de la próxima semana se anula el alza de los 42 pesos del diésel y de 39 pesos en la gasolina”, precisó.
Junto con ello, el secretario de Estado confirmó que el Gobierno decidió congelar los precios hasta el 3 de febrero de 2027, lo que, según explicó, permitirá evitar nuevos incrementos durante casi tres meses.
“La segunda buena noticia para todas las chilenas y chilenos es que el Gobierno ha tomado la decisión de congelar el alza del precio de los combustibles hasta los primeros días del mes de febrero próximo”, sostuvo.
Beneficios para transportistas y continuidad del paro
El anuncio también contempla extender hasta diciembre de 2027 el mecanismo que permite a los transportistas recuperar parte del impuesto específico a los combustibles, beneficio cuya vigencia terminaba en diciembre de este año.
“Como el Gobierno respeta la palabra empeñada, en las conversaciones anteriores que hemos sostenido con los diferentes sectores del transporte, nos habíamos comprometido a evaluar la continuidad del beneficio de recupero del impuesto específico”, explicó Alvarado, agregando que “vamos a prorrogar esa iniciativa hasta el mes de diciembre del año 2027”.
Además, el proyecto incorporará un mecanismo de compensación para evitar que los transportistas deban realizar pagos adicionales cuando el componente variable del impuesto específico sea negativo.
Sobre este punto, el ministro detalló que actualmente esa situación genera un débito que los transportistas deben declarar mensualmente a través del formulario 29.
“Esto se va a corregir para que no exista ese efecto y ese pago pueda ser compensado con el impuesto cuando tenga su carácter positivo”, aseguró.
Alvarado también abordó las propuestas para suspender el impuesto específico a los combustibles, advirtiendo que una medida de ese tipo no necesariamente se traduciría en una reducción de precios bajo las condiciones actuales.
“Si hoy día uno quisiera asumir ese planteamiento cuando el impuesto específico es negativo, yo puedo decir: ‘Suspendamos el impuesto específico en la aplicación de los próximos tres meses y no tiene ningún efecto en el precio del combustible’, porque hoy día está operando un subsidio”, explicó.
En esa línea, defendió la necesidad de adoptar medidas con efectos concretos sobre los precios. “Tenemos que buscar medidas concretas y no medidas que se entiendan bonito, pero que no aporten y no tengan ningún sentido en la realidad”, enfatizó.
Camioneros mantienen el paro pese a anuncios
Pese a estas medidas, las negociaciones no terminaron con el levantamiento del paro de camioneros. Según Alvarado, los dirigentes valoraron las propuestas del Ejecutivo, pero deberán someterlas a consideración de sus respectivas bases antes de adoptar una decisión.
“Ellos se deben a sus bases, reconocen el esfuerzo del Gobierno, comparten lo que vamos a hacer, pero en definitiva tienen que convencer a sus bases”, señaló.
El ministro también advirtió que, tras los compromisos asumidos por La Moneda, el Ejecutivo no tolerará nuevas interrupciones del tránsito en carreteras y ciudades.
“A partir de mañana no hay excusa para estar entorpeciendo el libre tránsito en las carreteras y en las ciudades de nuestro país”, afirmó.
En esa línea, aseguró que el Gobierno está dispuesto a utilizar las herramientas legales disponibles para garantizar la circulación y recuperar la normalidad en las zonas afectadas por las movilizaciones.
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