La Corte Suprema pidió explicaciones a la Corte de Apelaciones de Valparaíso por el caso de la ministra Rosa Aguirre, luego de que se conociera que la magistrada habría pagado durante 17 años a una abogada externa para redactar fallos judiciales.
La expresidenta del tribunal de alzada, quien ocupa el segundo lugar en antigüedad entre sus integrantes, presentó su renuncia, la que fue aceptada por la corte porteña. Sin embargo, el máximo tribunal decidió no darle curso y solicitó un informe sobre los antecedentes del caso.
La decisión de la Corte Suprema supone un nuevo revés para Rosa Aguirre, quien actualmente se encuentra con licencia médica y buscaba dejar sus funciones en la Corte de Apelaciones de Valparaíso mediante su renuncia.
La controversia surgió luego de que se conociera una demanda de tutela laboral presentada por una abogada que, según los antecedentes del caso, habría recibido pagos de Aguirre durante 17 años por la redacción de fallos judiciales.
Fue el pasado lunes 2 de noviembre cuando el máximo tribunal resolvió no dar curso a la renuncia de la magistrada y solicitó a la Corte de Apelaciones de Valparaíso un informe sobre los antecedentes vinculados a la demanda laboral.
Para ello, el pleno de la Corte Suprema estableció un plazo, cuya extensión hasta ahora se desconoce, dentro del cual el tribunal porteño deberá entregar la información requerida.
Asociación de Magistrados respalda decisión de la Suprema
La presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas de Chile, Mariela Hernández, valoró la decisión de la Corte Suprema, advirtiendo que aceptar la renuncia de Aguirre podría haber dificultado la determinación de eventuales responsabilidades administrativas.
“La decisión adoptada por el Pleno de la Corte Suprema se ajusta a la gravedad de los antecedentes que han sido conocidos públicamente respecto a la ministra Rosa Aguirre”, destacó.
“Nos parece acertado que la Corte Suprema haya resuelto no dar curso inmediato a la renuncia presentada, ya que la aceptación automática de la misma habría impedido o dificultado la eventual determinación de responsabilidades disciplinarias”, agregó.
Cabe recordar que, tras un pleno extraordinario realizado de manera reservada el viernes pasado, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, sostuvo que los ministros del tribunal se encuentran inhibidos para iniciar una investigación contra Aguirre.
“Nosotros estamos inhibidos de hacer cualquier investigación, porque si imaginemos si da lugar a un sumario y yo estoy pidiendo antecedentes, vamos a inhabilitar a todo el pleno. Entonces, en el fondo, lo que se tiene a la vista cuando se decide una situación como hacer un sumario administrativo, yo quiero tener el informe de la ministra involucrada”, explicó.
Expertos abordan los límites de la colaboración en la redacción de fallos
El caso también abrió el debate sobre las condiciones en que un juez puede recibir colaboración para redactar resoluciones judiciales y los límites que establece el ejercicio de sus funciones.
Al respecto, Silvio Cuneo, académico de la Universidad Central de Chile, explicó que un magistrado puede recibir asistencia para transcribir sus decisiones, por ejemplo, cuando enfrenta alguna dificultad física que le impide escribir.
Sin embargo, advirtió que una situación distinta se produce cuando se entregan antecedentes de una causa a una persona externa al Poder Judicial para que elabore los argumentos y determine el contenido de una resolución.
“Es completamente lícito que yo tenga a alguien, una especie de secretario, para que yo le dicte, o también puede ser lícito que yo tenga un programa en mi computador para que yo le vaya dictando”, señaló.
En contraste, sostuvo que lo que no corresponde es entregar los antecedentes a una persona contratada que no pertenece al Poder Judicial para que redacte los fallos y establezca sus fundamentos.
De esta manera, la continuidad de Rosa Aguirre en la Corte de Apelaciones de Valparaíso permanece sin resolverse, mientras el tribunal porteño deberá responder al requerimiento de la Corte Suprema, en medio de los cuestionamientos por los antecedentes conocidos sobre la redacción de fallos judiciales.
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