El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aseguró que el Gobierno velará por la soberanía nacional y el cumplimiento de las leyes ante el próximo viaje del buque chileno Danstar, que pretende conectar Punta Arenas con las Islas Malvinas.
La iniciativa busca restablecer una ruta marítima para el transporte de alimentos, materiales de construcción y otros productos hacia el archipiélago.
Sin embargo, el proyecto ha generado cuestionamientos en Argentina, país que mantiene su reclamo de soberanía sobre las islas y que ha advertido sobre posibles consecuencias para quienes contribuyan a su actividad económica.
En ese escenario, Mas defendió la posibilidad de que empresas chilenas desarrollen actividades comerciales, siempre que se ajusten a la normativa vigente, y enfatizó que el Ejecutivo debe garantizar que estas operaciones se realicen dentro del marco legal.
El biministro recalcó que se trata de un negocio entre privados, tomando distancia de las advertencias provenientes de Argentina por la reactivación de esta ruta comercial.
“Es un acuerdo, es un negocio entre privados; vamos a dejar que eso siga operando en esa línea. El Gobierno tiene que asegurar soberanía y que las leyes se cumplan. El Gobierno es el que pone el marco, pero esto es un acuerdo que es absolutamente entre privados”, apuntó.
Sus declaraciones se producen en medio de la preocupación por un eventual incidente diplomático con Argentina. Informes de inteligencia chilena, revelados por BioBioChile, advierten sobre la posibilidad de que fuerzas trasandinas intercepten la embarcación durante su primer recorrido, previsto para fines de noviembre o comienzos de diciembre.
Para el senador por la región de Magallanes, Alejandro Kusanovic, la situación trasciende un acuerdo entre privados, considerando la importancia del intercambio comercial para la zona austral y las eventuales repercusiones de la operación.
“Me parece que es mucho más que un tema entre privado; acá hay un tema en el que participó la Municipalidad de Punta Arenas, que es representante también de parte del Estado; se tienen que manejar todas las variables y los efectos de este tema”, señaló.
Por su parte, el senador Rojo Edwards llamó al Gobierno argentino a actuar con racionalidad y considerar que la ruta busca garantizar el abastecimiento de productos esenciales para la población del archipiélago.
“Yo creo que eso es un contrato para abastecer una población y llevar pollo, carne y leche; no tiene ningún problema. Yo espero que haya una racionalidad en la forma en que se toma esta materia de parte del gobierno argentino”, sostuvo.
La controversia también ha escalado al otro lado de la cordillera. El presidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales, amenazó con detener el buque chileno, mientras que autoridades trasandinas han advertido sobre posibles consecuencias para las empresas que contribuyan a actividades económicas en las islas, cuya soberanía reclama Buenos Aires.
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