El ministro de Seguridad, Martín Arrau, prepara una reforma constitucional en materia de seguridad, que surge tras los reveses que ha enfrentado el Ejecutivo en el Tribunal Constitucional, como ocurrió con la ley de Escuelas Protegidas, cuyo articulado fue modificado en aspectos clave.
Aunque la iniciativa aún está en etapa de conversaciones, la intención es presentarla durante las próximas semanas.
Entre sus principales ejes, contempla la creación de un quinto estado de excepción constitucional, “más simple”, que pueda decretarse ante una “afección pública” y permita el despliegue de las Fuerzas Armadas en barrios específicos, en apoyo de las policías.
Con ello, el Ejecutivo busca cumplir uno de los compromisos de campaña del presidente José Antonio Kast y responder a la demanda de distintos alcaldes que han solicitado la presencia de militares en las calles para enfrentar la delincuencia.
El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, pidió conocer primero en qué se diferenciaría esta nueva herramienta del actual estado de emergencia, que hoy ya permite la colaboración entre las Fuerzas Armadas y las policías.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, se mostró abierto a discutir un estado de excepción focalizado, aunque sostuvo que la prioridad inmediata debe ser aprobar las Reglas de Uso de la Fuerza para entregar mayor certeza jurídica a los militares.
“Yo pienso que no puede improvisarse, yo creo que antes que involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, lo que hay que hacer es asegurar las reglas del uso de la fuerza. En eso estamos ahora trabajando con la comisión mixta que tiene que sacar las reglas del uso de la fuerza y tiene esto que ser claro”, aseveró.
El senador socialista, Juan Luis Castro, recordó que una propuesta similar fue planteada por el expresidente Gabriel Boric en 2022 para enfrentar atentados y hechos graves de violencia.
“Yo creo que esto hay que mirarlo a la luz de los hechos y de que es una idea que no es nueva. Se puede analizar y discutir, pero hay que ver exactamente qué se busca para que así no haya excesos ni haya atribuciones que sean desmedidas“, dijo.
Por ello, afirmó que el debate puede darse, siempre que la medida tenga límites claros y precisos.
Mientras continúan las conversaciones técnicas y políticas, parte de la propuesta permanece en estudio en la Subsecretaría de Prevención del Delito.
En paralelo, la seguridad marcará la agenda del Gobierno durante esta semana.
De hecho, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, presentará hoy ante el comité de seguridad una propuesta para ampliar la capacidad de recintos penitenciarios destinados a internos de alta peligrosidad.
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