La Cámara de Diputadas y Diputados respaldó las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley denominado “ordenemos las cuentas”, con lo que el texto legal quedó en condiciones de convertirse en ley. La iniciativa busca saldar la deuda con las distribuidoras producto de retrasos en los procesos tarifarios, además de ampliar el subsidio eléctrico hasta el 2027.
Durante la votación en Sala, los parlamentarios esgrimieron argumentos sobre la necesidad de regularizar el pago. “La deuda existe, se cobra con o sin ley”, “sin ley: se cobra de una sola vez, con intereses y sin subsidio”, “con la ley, el pago será más ordenado, más barato y protegiendo a las familias”, fueron algunas de las frases que marcaron la discusión.
El despacho del Senado y su posterior ratificación en la Cámara allanaron el camino para que el proyecto se convierta en norma. La votación reflejó un amplio respaldo a las modificaciones, que buscan ordenar el financiamiento de una deuda acumulada que afecta tanto a las empresas distribuidoras como a los usuarios finales.
Regularización de la deuda eléctrica
La iniciativa tiene entre sus objetivos mitigar el impacto de las alzas eléctricas, regularizar y financiar la deuda tarifaria acumulada, otorgar estabilidad y certeza regulatoria al sistema eléctrico, mejorar la calidad, continuidad y resiliencia del suministro, y fortalecer la transparencia y el control del sistema.
El proyecto fue informado por la presidenta de la Comisión de Energía y Minería, senadora Yasna Provoste, quien recordó que la instancia realizó más de 16 audiencias para analizar los alcances de la norma. La senadora detalló que, en el marco de la discusión, se alcanzó un “protocolo de acuerdo” para trabajar una serie de materias.
Entre esos acuerdos figuran la modernización en distribución e inversiones complementarias para la mejora de la calidad del servicio; el compromiso de una hoja de ruta para procesos tarifarios; el avance en más transparencia y verificabilidad de mecanismos; soluciones estructurales para la eficiencia del sistema; y, para personas electrodependientes, la exploración de adecuaciones para un descuento al consumo real de los equipos.
El mensaje del proyecto se hace cargo de la deuda de 800 millones de dólares con las distribuidoras, producto de los retrasos en los procesos tarifarios.
En esa línea, la ministra de Energía, Ximena Rincón, sentenció que “la SEC está obligada a cobrar en 48 cuotas y con intereses. Por eso, la pregunta es si la deuda se paga de la forma más cara y desigual, o de una forma ordenada, proporcional y con protección social”.
La secretaria de Estado explicó los plazos y montos del reembolso. “Los clientes reembolsarán en cuotas pequeñas, con cargos de $5 por KWH, que parte recién el 2028 y se extiende hasta el 2035. Hoy, todas las boletas cargan $22 por KWH por la deuda con las generadoras, y ese cargo baja a $9 en 2028 y ese año le sumaremos $5 pesos al mes”, precisó Rincón. Además, el proyecto extiende el subsidio para el 2027, permite la renegociación de contratos y entrega transparencia en transmisión.
Debate parlamentario con cuestionamientos al modelo
Las intervenciones en la Sala estuvieron marcadas por alusiones a los estragos de la inclemencia climática y el corte de suministro en zonas de catástrofe. En esta misma línea, se dejó constancia de la realidad de diversas regiones a lo largo del país y se llamó a asegurar el suministro y las compensaciones.
Entre los argumentos favorables, se señaló que este proyecto “no sube la cuenta, sino que ordena una deuda heredada, que solo esta ley permite pagar de manera gradual y equitativa”. “Aquí se propone una solución” y se “protege el presupuesto familiar”, agregaron los senadores.
No obstante, aclararon que “esta cuenta la van a pagar los clientes, no el Estado”, porque “no hay recursos”. Esta precisión buscó despejar dudas sobre el origen de los fondos destinados al pago de la deuda.
Pese al respaldo mayoritario, se constataron una serie de dudas y cuestionamientos. Algunos parlamentarios criticaron que el proyecto “le cobra lo mismo a todos, sin distinción” y que “millones de familias (…) terminarán pagándole a grandes empresas”. “Es injusto que no se distinga entre clientes y la realidad de cada una de las regiones”, añadieron.
A estas objeciones se sumaron incertidumbres sobre modificaciones de contratos, la relación asimétrica con los clientes y un modelo abusivo, entre otras críticas. Los cuestionamientos quedaron registrados en el debate, aunque no impidieron la aprobación final.
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