La Comisión de Hacienda del Senado aprobó una indicación incorporada a la megarreforma impulsada por el Gobierno que crea el denominado “derecho al olvido” bancario, iniciativa que ahora deberá ser discutida y votada por la Sala.
La propuesta establece que bancos y otras entidades financieras deberán eliminar de sus registros internos, así como de las comunicaciones a terceros, la información sobre deudas impagas o extinguidas de personas naturales una vez transcurridos cinco años desde que fueron exigibles o prescribieron.
Asimismo, la indicación prohíbe que esos antecedentes —incluidas las deudas pagadas o extinguidas— sean utilizados para negar el acceso a créditos, productos financieros o la apertura de cuentas.
Una de las impulsoras de la medida, la senadora socialista Daniella Cicardini, afirmó que el objetivo es poner fin a las denominadas “listas negras” que mantienen las instituciones financieras.
“Lo que buscamos con esta indicación es borrar a todas aquellas personas con deudas ya pagadas o prescritas de las verdaderas listas negras discriminadoras que manejan internamente los bancos”, sostuvo.
En la misma línea, la senadora Beatriz Sánchez (FA) explicó que la iniciativa permitirá eliminar los antecedentes comerciales, bancarios, financieros y económicos de personas naturales relacionados con deudas impagas o extinguidas, una vez cumplido el plazo de cinco años.
“Es la posibilidad de que los antecedentes comerciales, bancarios, financieros, también económicos, de una persona puedan ser eliminados de sus registros internos. Y esto luego de cinco años”, indicó.
Sector financiero cuestiona la iniciativa
Desde el sector financiero manifestaron reparos a la propuesta, advirtiendo que obligaría a eliminar información no solo de registros públicos, sino también de las bases de datos internas de bancos y acreedores, lo que —afirman— dificultaría la evaluación de riesgo de quienes solicitan financiamiento.
Según plantean, la medida incluso podría derivar en la eliminación de antecedentes de deudas que aún existen jurídicamente, limitando la información disponible para evaluar el comportamiento crediticio de los clientes.
En ese contexto, sostienen que el proyecto podría generar un efecto contrario al esperado, ya que las instituciones financieras podrían endurecer los requisitos para acceder a créditos o exigir mayores garantías, afectando especialmente los esfuerzos por ampliar la inclusión financiera.
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