Gobierno desdramatiza ofensiva de oposición ante el TC y evalúa cambios de corto plazo en el órgano

La ofensiva de la oposición para recurrir al Tribunal Constitucional (TC) en diferentes proyectos del Ejecutivo, es un panorama que preocupa en La Moneda.

El primer “triunfo” de la izquierda se dio en el marco de la Ley de Escuelas Protegidas, la cual contó con la impugnación de diputados del Frente Amplio, el PC, el PS, PPD y del Partido de la Gente.

En fallo emitido el 6 de julio, el TC declaró inconstitucionales 3 disposiciones claves del proyecto: la que habilitaba la intervención policial en establecimientos educacionales; la que prohibía el uso de vestimentas y accesorios por apología a la violencia; y el que establecía la pérdida del beneficio de gratuidad para estudiantes con condenas relativas a hechos de violencia en recintos educativos o contra la comunidad educativa.

De las 4 normas impugnadas por la oposición 3 se declararon inconstitucionales. En la votación, la ministra Daniela Marzi Muñoz, presidenta del Tribunal Constitucional (TC) ejerció su voto dirimente en esas tres oportunidades para desempatar el resultado.

La ministra de Educación, María Paz Arzola desdramatizó el escenario, dijo que aspectos como la revisión de mochilas quedaron validados por el TC y sostuvo que están evaluando todos los mecanismos para promulgar rápido la legislación.

Estrategia del Gobierno ante eventuales requerimientos al TC

La estrategia de La Moneda, en este caso, se centrará en insistir con la utilización de vetos aditivos o sustitutivos en relación a lo dictaminado por el TC.

Además, ven con buenos ojos que se haya utilizado el voto dirimente, algo que significa que no hay una “mayoría opositora per se”.

Pero, esta ofensiva podría repetirse con el proyecto de Reconstrucción Nacional; con el registro de vándalos; el proyecto sobre responsabilidad penal adolescente; el que incorpora cambios al Sistema de Admisión Escolar; entre otros.

Debido a ello, La Moneda determinó trabajar considerando que el Tribunal Constitucional será utilizado constantemente, por lo que apelarán a no criticar su funcionamiento y ser mucho más acuciosos en la revisión de los proyectos antes de ingresarlos al Congreso.

El diputado Nelson Venegas (PS), aseguró que esta ofensiva surge debido a que La Moneda no ha mostrado apertura al diálogo ni a los acuerdos, por lo que la opción de recurrir al Tribunal Constitucional resulta una de las únicas posibles.

Al respecto, el diputado Luis Pardo (RN) dijo que los esfuerzos del gobierno deben ser mayores para que esta estrategia no ponga en jaque el avance de su agenda.

Proyectos de reforma al TC en la agenda

Debido a esta situación, la derecha se activó y anunció que trabaja en dos proyectos de ley relativos al funcionamiento y conformación del TC.

El primero, liderado por el Partido Nacional Libertario, se basa en una reforma para que la presidencia del TC no tenga voto dirimente ante empates.

El segundo, es promovido por el senador Rojo Edwards, quien busca una modificación en la designación de los integrantes del Tribunal.

El parlamentario fue crítico del funcionamiento del organismo y cuestionó que la izquierda lo esté usando como “tercera Cámara”.

Crítica de la oposición fue la exministra del TC, Marisol Peña, quien cuestionó que la izquierda -que abogó hace unos años por terminar con su institucionalidad- hoy acuda al Tribunal por motivaciones políticas.

Composición del Tribunal Constitucional

El TC está compuesto por 10 ministros: 3 de designación presidencial; 3 por la Corte Suprema; y 4 de designación parlamentaria.

El expresidente Gabriel Boric nombró a Daniela Marzi y a Nancy Yáñez; mientras que el tercer cupo está siendo utilizado por el ministro Miguel Ángel Fernández, nombrado por el expresidente Sebastián Piñera.

La Moneda ve dos oportunidades en el corto plazo para mejorar relaciones con la institución.

La primera relativa al término del período del ministro Fernández, lo que abre el tercer cupo presidencial y deja en manos del gobierno uno de los nombramientos.

Lo segundo tiene relación con el término de la presidencia de la ministra Marzi, quien a fin de mes entregará dicha potestad a la ministra María Pía Silva, una de las integrantes nombradas por la Corte Suprema, quien -a juicio de la derecha- podría ejercer su rol con mayor independencia política.