El diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) cuestionó los cobros asociados al TAG y a los peajes en distintas rutas del país. El parlamentario se refirió a la situación luego del reportaje de BBCL Investiga que abordó el denominado “impuesto encubierto” que pagarían los usuarios, cuyos recursos llegan al Fisco a través de los segundos contratos de concesiones.
Mulet, autor de un proyecto que busca eliminar las multas asociadas al TAG, sostuvo que “tanto en el TAG como en los peajes en muchos lugares se está pagando un valor de nuevo”. Según explicó, el sentido inicial de estos cobros era permitir la construcción de carreteras o autopistas urbanas que no existían, para luego recuperar esa inversión en un plazo determinado.
“El problema es que se han ido renovando estos contratos con las autopistas o carreteras ya hechas, y se sigue pagando lo mismo o más”, afirmó el legislador. En esa línea, advirtió que esta situación transformó los cobros en “una especie de verdadero impuesto por circular en las carreteras”.
Mulet sostuvo que esta práctica “es inconstitucional”, ya que estos cobros y pagos no han sido establecidos mediante una ley discutida en el Congreso. A juicio del diputado, las renovaciones de los contratos de concesiones son el mecanismo que ha permitido perpetuar estos cobros sin pasar por el Parlamento.
Críticas al mecanismo de renovación y su impacto en los usuarios
“En primer lugar, no pasa por el Parlamento. Se han hecho a través de renovaciones de contratos que, a mi juicio, no corresponden, porque se transformaron en un verdadero impuesto. Es muy injusto”, señaló el parlamentario.
El diputado también planteó que existen zonas donde los peajes son “carísimos” y afectan a personas que deben desplazarse diariamente. “Lo mismo pasa con los TAG”, agregó.
Mulet recordó que el ex ministro de Obras Públicas Martín Arrau se había comprometido a revisar la situación del TAG y avanzar en gestiones para reajustar los cobros. Ante eso, expresó esperar que el actual ministro Louis De Grange continúe en esa línea.
“Espero que el ministro De Grange siga en ese sentido, buscando una rebaja del TAG, y también ojalá una rebaja de los peajes, porque esto no se ha discutido y se transformaron en verdaderos impuestos que se cobran sin que pasen por una ley en el Congreso”, afirmó.
Denuncia por abuso
Finalmente, Mulet calificó la situación como “abusiva” y sostuvo que el sistema no debería operar para “generar utilidades con las carreteras”, sino para financiar el uso y desgaste natural de las obras. “Por eso es muy grave lo que está pasando, y lo hemos denunciado”, cerró el diputado.
Según la proyección de la Unidad de Investigación de este medio, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) aprobó contratos de segundas concesiones durante las administraciones de Sebastián Piñera y Gabriel Boric que reportarían beneficios por $2,67 billones al Estado durante su vigencia.
La investigación detalló que el fisco recaudaría $76 mil millones cada año solo por compartición de ingresos mientras las cinco concesiones estén vigentes. Por los contratos de la Ruta 5 Santiago-Los Vilos, Chillán-Collipulli y Talca-Chillán recibiría $18 mil millones, $11 mil millones y $10 mil millones por año, respectivamente. Por la Ruta 78, en tanto, obtendría anualmente $11.500 millones.
En el caso de la Ruta 68, el fisco recibe 6,9% de los peajes, aunque existen tres excepciones: las plazas Quilpué Norte, Quilpué Sur y Troncal Sur, de la Ruta 60. De esos tres peajes, el Estado recibe el 100% de lo pagado por los usuarios.
Sumado a la compartición de ingresos, la Unidad de Investigación de Bío Bío detectó otros mecanismos de cobro. La infraestructura preexistente, mediante la cual el Estado cobra al concesionario por usar la carretera ya construida, alcanza un total de $929 mil millones para el fisco por tres rutas. A ello se suma el pago por bienes o derechos en el contrato de la Ruta 5 Talca-Chillán, que asciende a $455 mil millones.
Según los cálculos de la investigación, descontando el pago final que el Estado debe devolver a las empresas, el fisco obtendría ganancias netas de $580 mil millones solo por el arriendo de tres carreteras. En la Ruta 5 Talca-Chillán, el Estado se lleva alrededor del 46% de todas las recaudaciones, lo que significa que de un pago de $3.300 en los peajes Retiro o Río Claro, el Fisco percibe $1.524.
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