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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La contabilidad de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos confirma que la inmobiliaria Fundamenta les pagó $410 millones para intentar inhabilitar al juez Sergio Muñoz y destrabar el proyecto Plaza Egaña. Los abogados, involucrados en otros escándalos judiciales, recibieron el dinero para favorecer a la empresa controlada por Fundamenta. Este caso se suma a la 'Trama Bielorrusa', donde también aparecen nombres como Vivanco y Simpertigue. Tras apartar a Muñoz del caso, se revirtió un fallo adverso a la inmobiliaria, permitiendo una indemnización millonaria y un giro favorable en la causa.

Nuevos antecedentes se han revelado en el marco de la denominada ‘Trama Bielorrusa’, donde nuevamente aparecen bajo la lupa los abogados Eduardo Largos y Mario Vargas. Ahora documentos apuntan a un pago por $410 millones que habrían recibido ambos juristas en otra causa por parte de la Inmobiliaria Fundamenta para inhabilitar al entonces juez, Sergio Muñoz.

Hasta el momento, se conocía que habría sido Vivanco quien pidió a Simpertigue que se sumara a la sala de la Suprema que revisó el caso, luego que el juez Sergio Muñoz quedara inhabilitado.

Sin embargo, ahora se reveló que en esa época la Inmobiliaria Fundamenta había contratado a los mismos juristas -Lagos y Vargas-, acusados de pagar coimas a Vivanco.

Cabe mencionar que, respecto a Eduardo Lagos, el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, aparece vinculado junto al abogado tras viajar con él en un crucero. Esto, dos días después de concluir el enfrentamiento judicial entre el consorcio de origen bielorruso Belaz Movitec (CBM) y Codelco.

Ahora, Ciper reveló que la sociedad Lagos, Vargas & Silber Asesorías Legales Limitada, recibió $414 millones por parte de Plaza Egaña SpA, controlada por Inmobiliaria Fundamenta. Así lo señala una repuesta del Servicio de Impuestos Internos (SII) a una solicitud de la Fiscalía Regional de Los Lagos, encargada del caso del consorcio CBM.

Lo anterior, a raíz de una causa donde la sociedad Plaza Egaña SpA tenía un conflicto ambiental con vecinos de la comuna de Ñuñoa que mantenía paralizado uno de sus principales proyectos: el edificio Eco Egaña Sustentable, cuya inversión alcanzaba los US$300 millones.

Sin embargo, el entonces presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, había fallado en contra de la empresa propiedad de Fundamenta, es decir, a favor de los vecinos.

Si bien los documentos obtenidos muestran un pago millonario, tanto Vargas como Lagos o Silber no figuran como abogados visibles en dicha causa, ni en una recusación contra el juez Muñoz. No obstante, el abogado Marco Fuentes, amigo de Vargas hace más de 15 años, fue quien se encargó de sacar de la Tercera Sala al ahora exministro de la Corte Suprema.

Cabe señalar que a raíz de tal recusación, tiempo después el juez sería acusado constitucionalmente y removido del máximo tribunal de justicia.

Tras lograr apartar a Sergio Muñoz de la causa, el fallo adoptado previamente -contra Fundamenta- quedó sin efecto, siendo revisado de nuevo. Su salida dio paso a que Ángela Vivanco pudiera asumir temporalmente la presidencia de la Tercera Sala. Correspondía que fuera la ministra Soledad Melo quien integrara la sala, sin embargo, Vivanco pidió que fuera Diego Simpertigue.

Posteriormente, ambos jueces votaron a favor de la inmobiliaria que era cliente de Lagos y Vargas, dándole un giro completo al fallo que era adverso para dicha empresa.

De esta manera, el proyecto estrella de Ñuñoa quedó destrabado y se dejó libre el camino para la una acción civil que después Lagos y Vargas presentación, a nombre de Fundamenta, exigiendo al fisco una indemnización de $25 mil millones.

Eduardo Lagos, Mario Vargas, Ángela Vivanco y Diego Simpertigue. Nombres de la ‘Trama Bielorrusa’ que se repiten ahora en la causa Fundamenta.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)