El Consejo de Defensa del Estado intentará anular la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó restituir a la familia del fallecido dictador Augusto Pinochet unos 4,8 millones de dólares y 24 inmuebles embargados en el marco de una extensa investigación por malversación de caudales públicos, en el denominado “Caso Riggs”.

En fallo dividido, el tribunal de alzada ordenó después de 13 años “devolver los dineros y bienes decomisados a la familia de Augusto Pinochet Ugarte”, por un monto bruto de 4.894.638,1 dólares, que permanecían requisados por la justicia desde que se destapó el bullado caso en 2004.

El monto a devolver a los herederos del fallecido dictador incluye también $124,5 millones y la restitución de 24 propiedades, tres vehículos y siete instrumentos bancarios, según detalla el fallo publicado por el Poder Judicial.

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Según el fallo, “no es posible mantener dicha retención por encontrarse fallecido el responsable de un eventual delito de malversación”, además de señalar que el CDE “contó con la posibilidad de interrumpir la prescripción de la acción civil mediante su ejercicio durante el sumario o con su mero anuncio, constituyéndose de ese modo en parte civil, lo que no aconteció en este proceso”.

No obstante, según el CDE, esto es un error debido a que “el 12 de junio de 2008, presentaron un escrito manifestándose expresamente la voluntad de ‘formalizar, anunciar y hacer reserva de las acciones civiles que correspondan al Estado de Chile en este proceso’, para los fines de impedir precisamente la prescripción civil de las acciones aludidas”.

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“Es así que, habiendo ya fallecido el principal inculpado, se incluyó en dicha reserva a los acusados existentes a la sazón y nominativamente, a los terceros civilmente responsables, entre ellos, la sucesión de Augusto Pinochet Ugarte, a la cónyuge sobreviviente y a cada uno de sus hijos”, señala el comunicado.

“En consecuencia, el CDE estima que la fundamentación esgrimida en orden a haber dejado sin efecto el comiso de los bienes incautados, no guarda relación con la omisión que se nos ha imputado, la que no es efectiva”, reclamaron.

Por lo anterior, en la sesión de Consejo Pleno de ayer martes, el Consejo de Defensa del Estado decidió recurrir de casación en contra de la mencionada sentencia.