En los últimos 4 meses, el Tribunal Constitucional acogió 9 requerimientos que buscan eliminar una norma clave de la Ley Emilia, que obliga a quienes sean condenados bajo esta regulación a cumplir un año de cárcel efectiva, antes de optar a beneficios de libertad.

Esto, generó inquietud al interior de la Fundación del mismo nombre, desde donde pidieron a las autoridades, no retroceder en los avances logrados.

Desde que el 13 de diciembre pasado el Tribunal Constitucional acogió una solicitud que declaró inaplicable uno de los artículos de La Ley Emilia, han ingresado 10 requerimientos similares en tan sólo 4 meses, de los cuales 9 fueron acogidos, según publicó el diario La Tercera.

La norma a la que hace referencia señala la obligación del cumplimiento de un año de pena efectiva para los conductores que en estado de ebriedad hayan causado lesiones gravísimas o muerte, o que bajo esta misma condición fueran condenados por retrasar la alcoholemia, huir o no dar asistencia a las víctimas de los accidentes de tránsito.

Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia y madre de la joven víctima que impulsó la creación de esta ley, manifestó su preocupación e instó a las autoridades a alzar la voz para defender los avances alcanzados.

Un llamado al que respondió el senador PPD, Felipe Harboe, presidente de la comisión de Constitución de la Cámara Alta, desde donde emanó la ley que entró en vigencia en octubre de 2014. Harboe, señaló que el TC, se está adjudicando un rol que no le corresponde.

Palabras respaldadas por el diputado UDI, Gustavo Hasbún, uno de los impulsores de esta ley, quien indicó que gracias a su entrada en vigencia, ha aumentado la conciencia en nuestra sociedad sobre la incompatibilidad de manejar y beber alcohol.

Por ello, el parlamentario anunció que analizará los pasos a seguir para que la norma no sea declarada inconstitucional, pues a su juicio, no cabe la menor duda de que gracias a ella se han salvado muchas vidas.