Ante la incertidumbre respecto a la compensación de los casos de colusión de las farmacias y en el fraude de La Polar, el Gobierno planteó que dichos escenarios no deberían replicarse, tras la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de la Libre Competencia.

Han pasado 8 años desde que estalló el caso de colusión de las farmacias y 5 desde el fraude realizado por ejecutivos de La Polar, y en ninguno de estos casos se han cumplido con los compromisos de compensación a los usuarios tras las acciones judiciales.

La Confederación Nacional de Consumidores, Conadecus, cifró en 7 mil millones de pesos el monto a devolver por las farmacias y en 561 millones de dólares la suma de las 11 demandas compensatorias contra La Polar.

El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, planteó que tras la nueva normativa que dejará en manos del Tribunal de Libre Competencia la primera responsabilidad de definir la compensación, los plazos se deberían acotar.

La llamada ley anticuolusión se encuentra en revisión por parte del Tribunal Constitucional y debería estar en condiciones de ser promulgada durante las próximas semanas.

Actualmente el caso de la colusión del papel por más de 10 años entre CMPC y SCA (ex PISA) hace resurgir la interrogante sobre eventuales compensaciones a los usuarios, lo que de acuerdo al Sernac debería definirse en septiembre de este año.

El investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Raphael Bergoeing, realizó un llamado a ser cauto en relación a las espectativas por las posibles compensaciones, debido a que el monto por persona puede ser bajo.

Por su parte, el presidente de la Confedereación de la Producción y el Comercio (CPC), Alberto Salas, valoró que la nueva normativa aumente las sanciones frente al delito de colusión.

Si embargo, uno de los puntos que genera mayor debate es que la ley entregará a la Fiscalía Nacional Económica la prerrogativa de iniciar acciones penales, una vez concluido el proceso de sanción administrativa del TLC para posteriormente, determinar si la situación amerita la presentación de una querella y así entregar el caso al Ministerio Público.