El expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada fue hallado “responsable” este martes de ejecuciones extrajudiciales en 2003 en Bolivia, por un tribunal de Estados Unidos que lo condenó a indemnizar por 10 millones de dólares a familiares de ocho aymaras fallecidos.

Los diez miembros del jurado llegaron a esta conclusión en su sexto día de deliberaciones en el proceso contra Sánchez de Lozada y su entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, que comenzó el 5 de marzo en un tribunal federal en Fort Lauderdale, sur de Florida.

Ambos exfuncionarios fueron hallados responsables de “ejecuciones extrajudiciales” cometidas durante los disturbios de 2003 en Bolivia, pero el jurado los exoneró de haber cometido “homicidio culposo”.

Esta diferencia fue acusada por los abogados defensores como una incongruencia que ameritaba anular el juicio.

“La corte encuentra que (ambas respuestas) no son irreconciliables”, respondió el juez federal James Cohn, validando la decisión de los jurados.

Al salir del tribunal, Stephen Raber, abogado de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, dijo a periodistas que está “en desacuerdo con el veredicto” y que espera que éste sea revertido “cuando se aplique la ley correctamente”.

Cinco de los nueve demandantes escucharon el veredicto, pero no reaccionaron hasta que salieron de la sala y recibieron explicaciones de sus sonrientes abogados.

El juicio tuvo lugar gracias a una ley estadounidense que permite enjuiciar civilmente a acusados de torturas o ejecuciones extrajudiciales, aunque todas las partes sean extranjeras y el supuesto crimen haya sido cometido en el exterior.

Sánchez de Lozada fue el primer expresidente en ir a juicio en Estados Unidos por abusos de derechos humanos, de acuerdo al Center For Constitutional Rights (CCR), que representa a los demandantes.

Los disturbios de septiembre y octubre de 2003, en un episodio conocido como “la guerra del gas”, forzaron la huida del presidente y facilitaron el ascenso al poder en 2006 del aymara Evo Morales, entonces un líder cocalero.

En la demanda, los familiares de ocho bolivianos muertos exigían indemnizaciones por parte de ambos políticos por “matanzas extrajudiciales, crímenes contra la humanidad y homicidios culposos” que el 17 de octubre dejaron 58 muertos y más de 400 heridos en El Alto, próximo a La Paz.