Un tribunal peruano absolvió el jueves a todos los 52 indígenas amazónicos acusados por la muerte de 12 policías durante un grave conflicto por la defensa de sus territorios en una región selvática del noreste de Perú, en hechos ocurridos siete años atrás.

El proceso denominado “Curva del Diablo” es el primero de los cuatro expedientes fiscales que integran el “Baguazo“, el mediático caso que engloba a los violentos enfrentamientos que dejaron en total 33 muertos -23 policías y 10 civiles- durante la mayor protesta contra el segundo gobierno de Alan García el 5 de junio de 2009.

El juicio se desarrolló en Bagua, 1.000 kms al nororiente de Lima, localidad que fue epicentro de las manifestaciones de la población amazónica demandando la derogatoria de dos leyes que permitían la exploración de hidrocarburos y minera en territorio nativo sin consultar a la población. Luego de las muertes, el gobierno retrocedió, derogó las leyes y en 2011 Perú aprobó una ley de consulta previa en el marco de la Organización Internacional del Trabajo.

“El Estado no logró probar la responsabilidad penal (de los acusados) en los hechos“, declaró a periodistas el juez Gonzalo Zarbaburú, quien presidió la Sala Penal de Apelaciones de Bagua que se encargó del proceso desde hace más de dos años.

Entre los procesados se encontraban los dirigentes nativos Alberto Pizango, quien vivió asilado en Nicaragua por este caso, y Santiago Mañuin, quien sobrevivió al enfrentamiento policial tras quedar herido de gravedad.

El fallo absolutorio de los tres magistrados del tribunal ha sido unánime, pero la fiscalía anunció que apelará la sentencia que libra a los 52 acusados de ser los autores de homicidio calificado pero deja en el misterio la autoría de la muerte de los 12 policías en la “Curva del Diablo”.

El proceso no incluyó a autoridades políticas del segundo gobierno de Alan García (2006-2011), ni a los jefes policiales encargados de la represión para desbloquear la carretera.

“¡Viva la justicia de Amazonas!“, clamaron en la sala al unísono los nativos procesados, que también lanzaron arengas por “la nación Awajún”, la etnia a la que pertenece la mayoría de ellos.

La fiscalía había pedido desde cadena perpetua hasta cinco años de prisión contra los acusados, a quienes investigó por homicidio calificado, lesiones graves, atentado contra los medios de transporte de servicio público, motín, disturbios, daños agravados, tenencia ilegal de armas de fuego y arrebato de armamentos o de municiones a la policía.

El caso se denominó “Curva del diablo” por ser el tramo de la carretera a Bagua donde el 5 de junio de 2009 más de 5.000 indígenas de las tribus Awajún y Wampis, que bloqueaban la vía desde hacía 50 días, se enfrentaron a un numeroso contingente policial que llegó a desalojarlos