Este jueves, a las 09:00 horas de Chile, el Senado de Brasil dará inicio a la sesión final del impeachment contra Dilma Rousseff. La culminación de un proceso que comenzó el pasado 21 de octubre, cuando un grupo de diputados presentó una acusación contra la presidenta por maquillar las cuentas fiscales y autorizar gastos sin la aprobación del legislativo.

Pese a que no existe ninguna investigación por corrupción o acusación similar en su contra, opositores del Partido Socialdemócrata de Brasil (PSDB) acusaron a Rousseff de adulterar gastos fiscales, una práctica hecha por todos los mandatarios brasileños desde el regreso a la democracia en 1990, según el oficialismo

Una denuncia que en su momento no tuvo mayor repercusión, hasta que el 2 de diciembre de 2015, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, y uno de los principales opositores a Rousseff, acogió la denuncia y dio paso al juicio político.

Un proceso que se enmarca en una grave crisis política que afecta a Brasil, tras el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, y que se extiende a prácticamente a todos los partidos del gigante sudamericano, y que también llegó en un momento en que la aprobación de la mandataria bordea un escaso 10%, incluso llegó a estar en un 8%.

El cientista político y experto en América Latina, Aníbal Pérez-Liñan, explica que la crisis económica que afecta a Brasil desde 2013 perjudicó a Rousseff, y junto a los escándalos de corrupción, propiciaron la baja en la popularidad de la presidenta, que en dos años pasó de un 60% de aprobación a cerca de un 10%.

“Entre 2011 y 2013, la tasa de crecimiento económico se mantuvo en valores positivos, y las tasas de aprobación del gobierno de Dilma estaban entre el 50 y el 60 por ciento. Pero el fin del boom exportador cambió la situación; expuso los errores en materia de política económica y mostró la falta de muñeca de Rousseff para negociar con el Congreso“, indica el también académico de la Universidad de Pittsburgh.

Tras una seguidilla de encontrones con la Corte Suprema, recién el 17 de marzo de 2016, Cunha pudo nombrar una comisión especial que revisara la acusación contra Rousseff, la que recomendaría abrir el juicio político contra la presidenta.

De esta forma, el Congreso fijó para el domingo 17 de abril la votación en sala para comenzar el impeachment y traspasar la discusión al Senado. Ese día se necesitaban 342 votos para aprobar la moción, que finalmente obtuvo 367 sufragios y sentenció la suerte de Rousseff en la Cámara Baja.

Aislamiento político

El que el impeachment haya avanzado hasta el Senado y que pueda derivar en la destitución de Rousseff, se explica en lo aislada que quedó la presidenta y el Partido de los Trabajadores (PT) los primeros meses de 2016.

En marzo, luego de que Dilma Rousseff intentara -sin éxito- nombrar como jefe de Gabinete a su mentor y expresidente de Brasil, Lula da Silva, lo que evitaba que éste fuese investigado en el caso Lava Jato.

En medio de esto, salió a la luz una grabación que mostraba que la presidenta le decía a Lula que él podía ser ministro cuando quisiera y lo considerara necesario, un diálogo que incrementó el rechazo contra el gobierno.

Con una gran cantidad de acusaciones de corrupción contra actuales y exfuncionarios de gobierno, entre los que ahora se agregaba Lula, y una casi nula popularidad, los partidos aliados de la coalición de gobierno comenzaron a abandonar al PT y a Dilma.

“Los propios aliados de Dilma decidieron sacrificar a la presidenta para calmar a la opinión pública. En marzo de este año, sabiendo que la opinión pública había abandonado al gobierno, el principal partido aliado en el congreso, el PMDB, cambió su postura y anunció su respaldo al juicio político”, acota Pérez Liñan.

El primero fue el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la mayor fuerza parlamentaria del país y liderado por Michel Temer, vicepresidente de Rousseff, que anunció el 12 de marzo que abandonaba su alianza con el PT y que apoyaría el impeachment.

A esta deserción, luego se sumaron el Partido Progresista (PP), el Partido Republicano Brasileño (PRB), también abandonaron el gobierno, el Partido Social Democrático (PSD), el Partido Republicano del Orden Social (PROS) y el Partido Laborista Brasileño (PTB), aunque estos últimos dieron “libertad de voto” a sus legisladores al momento de votar el impeachment.

De esta forma, Rousseff quedó sólo con el apoyo de los miembros del PT y del Partido Comunista de Brasil (PCB), además de legisladores independientes y movimientos más pequeños, que pese a no apoyarla, han rechazado su destitución.

Un trámite en el Senado

En la Cámara Alta, el proceso contra la presidenta ha sorteado casi todas las etapas sin ninguna oposición real.

El pasado 6 de mayo, la Comisión del Senado aprobó someter a votación a Rousseff para suspenderla de sus funciones, en una sesión que fue fijada para el 11 del mismo mes y se extendió hasta el 12.

Ese día, 55 senadores votaron para que la presidenta de Brasil fuera suspendida de sus funciones por un plazo de 180 días, mientras que la iniciativa sólo fue rechazada por 22 legisladores, dando paso a que Michel Temer, a quien Rousseff calificó como un “traidor” y “conspirador”, asumiera como presidente interino.

La suspensión de Rousseff la privó de asistir como mandataria a los Juegos Olímpicos de Río 2016, evento que su gobierno y el de Lula defendieron y justificaron, pese a las críticas de gastos excesivos y de corrupción, por lo que su vicepresidente inauguró el mayor acontecimiento deportivo del planeta.

Temer tampoco es un político que cuente con la venía del pueblo brasileño -su popularidad es inferior a un 14%- y durante su breve interinato, tres ministros han debido renunciar tras ser ligados a casos de corrupción, un problema que también afecta a la mayoría de los diputados que votaron contra Rousseff, algunos investigados por homicidio incluso, como a varios senadores que decidirán el futuro del Poder Ejecutivo brasileño.

El 10 de agosto de 2016, el Senado determinó continuar el impeachment, tras aprobar un informe de la comisión especial, reiterando las acusaciones por “crímenes de responsabilidad” contra Rousseff, por maquillar las cuentas fiscales en 2014 y 2015, junto con permitir gastos sin tener la autorización del Poder Legislativo.

El fin de este extenso proceso comenzará el jueves 25 de agosto a las 09:00 horas de Chile y se podría extender hasta el próximo miércoles 31 de agosto, cuando vote la Cámara Alta y -probablemente- decida que Rousseff deje de ser la presidenta de Brasil.