La OEA inaugura este lunes su Asamblea General en República Dominicana con la promesa de limitarse a discutir el desarrollo sostenible en la región, pero con la crisis de Venezuela sobrevolando las conversaciones informales.

También domina las discusiones la crisis financiera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que entre otras limitaciones debió suspender sus misiones en la región por falta de fondos.

El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, inaugurarán la 46a Asamblea General al caer la noche del lunes en Santo Domingo, después de reunirse a lo largo del día con representantes de la sociedad civil.

En señal de deferencia con el país anfitrión, Almagro prometió el domingo que no impondrá el “tema Venezuela” en la Asamblea General.

No obstante, a una semana de que se reúna la Comisión Permanente de la OEA para discutir precisamente el estado de la democracia en Venezuela, el asunto es ineludible aunque no figure en la agenda oficial.

“Seré muy respetuoso de las formas y de la agenda de la asamblea y por tanto no incurriré en abordar ese tema en un contexto en el cual no ha sido planeado ni programado”, dijo Almagro en conferencia de prensa en Santo Domingo junto al canciller dominicano, Andrés Navarro.

Pero casi simultáneamente tuiteaba: “Tema #Venezuela no está en agenda oficial #AsambleaOEA pero ello no obsta que haya contactos informales”.

El 31 de mayo, Almagro invocó la Carta Democrática Interamericana junto a la publicación de un demoledor informe sobre la crisis en Venezuela. Sin embargo, este domingo pidió a las partes ceñirse a la agenda de la Asamblea General, a saber: “El fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible”.

Dado el contexto político de la región, esta propuesta es “esotérica” y un “mero saludo a la bandera”, dijo a la AFP Eduardo Gamarra, profesor de ciencias políticas de la Universidad Internacional de Florida (FIU).

Un alto funcionario diplomático aseguró a la AFP que Venezuela dominará las discusiones porque las partes buscarán afanosamente alcanzar “el número mágico de 18”, que es la mayoría necesaria para que -en la reunión del 23 de junio- el Consejo Permanente active las gestiones diplomáticas que prevé la Carta Democrática.

Por esto se espera que los jefes de las delegaciones se embarquen en un intenso cabildeo para asegurar los votos para su equipo antes de la reunión del Consejo Permanente la semana próxima.

Previendo este correveidile, la canciller venezolana Delcy Rodríguez advirtió que viaja a Santo Domingo dispuesta a defender junto a los países aliados del ALBA -que suman 11- sus “modelos de autonomía política, económica y de soberanía financiera”.

No obstante, Almagro dijo a la AFP en Washington la semana pasada que tiene respaldo: “Hemos ido recogiendo cada vez más apoyo (…) a nuestra manera de llevar adelante estos valores fundamentales (de derechos humanos)”.

Fondos para la CIDH

Venezuela, cuya única alegría en los últimos meses ha sido la victoria 1-0 ante Uruguay en la Copa América, se enfrenta a la escasez de la mayoría de los productos básicos, una inflación de 180,9% en 2015 y una de las tasas de crimen más altas del mundo.

Entre los 27 ministros de Exteriores que asisten a la asamblea de 34 países miembros figuran -además de Rodríguez de Venezuela- John Kerry de Estados Unidos, Susana Malcorra de Argentina, David Choquehuanca de Bolivia, Heraldo Muñoz de Chile, Claudia Ruiz Massieu de México y María Ángela Holguín de Colombia.

La CIDH, un órgano autónomo de la OEA, pedirá a los Estados miembro de la organización “redoblar los esfuerzos a fin de superar (su) crisis financiera”, según un comunicado.

La CIDH se ha visto forzada a suspender misiones en la región y, probablemente, no podrá renovar los contratos de 40% de su personal en Washington por falta de recursos.

En 2015, la CIDH manejó un presupuesto de nueve millones de dólares, cinco de los cuales provinieron de la OEA (6% de su presupuesto) y los cuatro millones restantes de contribuciones de países y organismos.

La asamblea analizará también la protección de los derechos humanos de los trabajadores inmigrantes, de los pueblos indígenas y afro-descendientes y de la comunidad LGBT.