Tras el inicio de una investigación en marzo, hoy Estados Unidos (EEUU) anunció una propuesta para imponer nuevos aranceles contra Chile y otros 60 países ante varias formas de “falta de acción” contra el trabajo forzoso.
Sobre Chile, de aprobarse la iniciativa, se aplicaría un gravamen del 12,5%, un incremento frente al 10% temporal impuesto por Donald Trump luego que la Corte Suprema norteamericana invalidara en febrero gran parte de los aranceles impuestos en el llamado Día de la Liberación.
Por su parte, desde Cancillería remarcaron que se trata de una propuesta en consulta, que han participado activamente de todas las conversaciones y que continuarán dialogando con autoridades estadounidenses.
EEUU acusa a Chile de falta de acción contra el trabajo forzoso y propone arancel
Como contexto, el USTR señaló en su reporte que la definición de trabajo forzoso es “todo trabajo o servicio que se exija a cualquier persona bajo la amenaza de una sanción por su incumplimiento y por la que el trabajador no se ofrezca voluntariamente”, según expresa la Sección 307 de la Ley de Comercio de 1930, agregando que su eliminación es “un imperativo moral y económico, y el comercio es un medio crítico para contribuir a este objetivo”.
En base a esto, se señala que Chile forma parte de un grupo de 54 economías que no han “logrado imponer ni hacer cumplir de forma eficaz una prohibición de la importación de bienes producidos con trabajo forzoso”, según la investigación de la Oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR).
La lista se compone de las siguientes economías:
Argelia; Angola; Argentina; Australia; Las Bahamas; Baréin; Bangladesh; Brasil; Camboya; Chile; República Popular China; Colombia; Costa Rica; República Dominicana; Egipto; El Salvador; Guatemala; Guyana; Honduras; Hong Kong, China; India; Irak; Israel; Japón; Jordania; Kazajistán; Kuwait; Libia; Malasia; Marruecos; Nueva Zelanda; Nicaragua; Nigeria; Noruega; Omán; Perú; Filipinas; Catar; Rusia; Arabia Saudita; Singapur; Sudáfrica; Corea del Sur; Sri Lanka; Suiza; Taiwán; Tailandia; Trinidad y Tobago; Turquía; Emiratos Árabes Unidos; Reino Unido; Uruguay; Venezuela y Vietnam.
“Los resultados de la investigación indican que los actos, políticas y prácticas de Chile relacionadas al fallo en la imposición y aplicación efectiva de una prohibición de importación de trabajo forzoso son irrazonables y suponen una carga o restricción para el comercio estadounidense”, sostiene el reporte, que incluye bajo la misma conclusión al resto de países citados.
A su vez, se cuestionó a otras seis economías por no lograr el hacer cumplir la prohibición de importar bienes hechos bajo trabajo forzoso: Canadá, Ecuador, la Unión Europea; Indonesia, México y Pakistán.
Y todas las anteriores, según la investigación, también “fallaron tanto en la imposición de una prohibición a la importación de mano de obra forzosa como a la aplicación efectiva de dicha prohibición”.
Del total, sobre 46 países se recomienda imponer un gravamen del 12,5%, mientras que a otros 14 socios comerciales de EEUU -que imponen prohibiciones, se comprometieron a imponerlas y hacerlas cumplir mediante un acuerdo de comercio o poseen un régimen parcial que evite ciertos productos hechos con trabajos forzosos-, la tasa sería del 10%.
Desde Agencia EFE, remarcan que de aprobarse los gravámenes, se aplicarán bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
“La falta de acción por parte de nuestros socios comerciales más importantes para abordar la importación de productos elaborados con trabajo forzoso es inaceptable (…) crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel mundial en condiciones desiguales”, dijo el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, en el comunicado oficial.
Y si bien sostuvo que algunos socios comerciales han tomado medidas iniciales para revertir la situación, “cada uno de nuestros socios comerciales debe hacer más para garantizar que el comercio no fomente ni arraigue perversamente el trabajo forzoso a nivel mundial”.
Canciller defiende que el TDLC sigue vigente
En respuesta a las acusaciones de la USTR, el canciller Francisco Pérez Mackenna recalcó que, actualmente, se trata de una recomendación de imposición de aranceles “en etapa de consulta pública y análisis”.
“Nuestro país ha participado activamente de todos los procesos y continuará activamente desplegado en las conversaciones y gestiones con las contrapartes respectivas, con el objetivo de resguardar los intereses nacionales y alcanzar las mejores condiciones”, resaltó la autoridad.
A su vez, añadió que el Tratado de Libre Comercio (TDLC) con EEUU sigue vigente, al igual que los diálogos con autoridades estadounidenses “para resguardar nuestros intereses y del sector exportador nacional, promoviendo soluciones que contribuyan al fortalecimiento de una relación comercial de beneficio mutuo”.
Desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), reiteraron que Chile participó activamente en todas las instancias de la investigación, “tanto en la consulta pública como de diálogo entre gobiernos”, agregando que la Cancillería coordinó un trabajo con el Ministerio de Hacienda y del Trabajo, “alineado con los estándares y principios promovidos por la Organización Mundial del Trabajo” para responder a la investigación y presentar los antecedentes correspondientes.
“Este trabajo ha sido, además, socializado de manera permanente con el sector privado y las principales industrias exportadoras del país”, apuntaron.
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