En estas últimas movilizaciones llama la atención el protagonismo que ha tenido la paralización de instituciones de educación superior privadas como la Universidad Andrés Bello, la Universidad Santo Tomás y el Instituto Profesional AIEP. Según declaraciones públicas latamente divulgadas por los medios de comunicación, los estudiantes indican que ellos son los que más sufren por el lucro, la falta de participación interna y sendas deudas con la banca privada, vía créditos con aval del Estado (CAE) y créditos Corfo.

Si uno lee el estudio “Endeudar para Gobernar y Mercantilizar: El caso del CAE”, realizado por la Fundación Sol Público, se puede establecer que desde la implementación del CAE hasta este año, el Fisco ha traspasado a la banca 2,1 billones de dólares por este concepto, y existen 11 instituciones investigadas por lucro (en un país donde por ley no se puede lucrar), las que recibieron casi el 40% de los recursos históricos asignados al CAE ($1,35 billones).

En la lista de instituciones investigadas aparecen las universidades SEK, San Sebastián, Central y del Desarrollo, entre otras. Uno de los casos más impresionantes es el caso de la Universidad Andrés Bello, propiedad del Consorcio Internacional de Educación (Laureate International Universities), que ha recibido el 9,1% de los montos totales entregados vía CAE, es decir, más de 312 mil millones de pesos; y en estos últimos años esta universidad ha incrementado su matrícula en un 127% producto de estos aportes.

Si uno analiza al Consorcio Laureate, éste ha recibido $590 mil millones por CAE, lo que equivale a un 17% de estos recursos, y aumentó su matrícula en casi un 213% en los últimos 10 años. Tales cifran se distribuyen en sus cuatro instituciones de educación superior: la Andrés Bello, Las Américas, de Viña del Mar y el Instituto Profesional AIEP.

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Más allá de la forma de expresión de estudiantes como son las “tomas de instituciones”, que la mayoría de los rectores no compartimos, ¿quién podría estar en desacuerdo que es necesario un verdadero fortalecimiento de la educación pública, con financiamiento robusto y avance genuino en la gratuidad? ¿Quién podría oponerse a la aplicación de un marco regulatorio que impida el lucro con recursos de todos los chilenos?

Creo que es necesario terminar con el Crédito Aval del Estado, donde sólo rentabiliza la banca privada, y eliminar el Aporte Fiscal Indirecto, que es regresivo, en un sistema más inclusivo con aquellos estudiantes de escasos recursos que merecen acceso a la educación superior.

Óscar Garrido
Rector de la Universidad de Los Lagos