Como una práctica habitual que ha establecido una verdadera “industria de la compra de permisos de edificación caducados” calificó Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, el caso Hotel Hyatt en Viña del Mar, frente a las posibles irregularidades que sostiene el proyecto inmobiliario, donde la Dirección de Obras Municipales otorgó un permiso de edificación en el año 2010 a una sociedad controlada por el grupo Saieh, actuales propietarios de las obras.

El proyecto se remonta al mes de agosto del año 2000, cuando la Orden Hospitalaria San Juan de Dios obtuvo el permiso para realizar negocios inmobiliarios en el terreno del ex Sanatorio Marítimo, situación que el 2004 la Corte Suprema ratificó.

El 11 de abril del 2016 Contraloría confirmó en el dictamen Nº 26910 que se debía examinar “la vigencia de los permisos“, considerando los dictámenes anteriores, ya que de acuerdo a la normativa, la empresa tenía solo tres años para mantener la vigencia del permiso de edificación, no obstante, como ha ocurrido en otros casos, dijo Herman, nunca se iniciaron las obras.

El representante aseguró que el Director de Obras Municipales debe hacer cumplimiento a la ley y caducar de forma automática dicho permiso.

En la misma línea el diputado (PPD), Rodrigo González, también llamó a las autoridades a dar explicaciones, sin embargo reconoce que a su parecer el municipio no ha entregado las directrices adecuadas a la Dirección de Obras.

Por su parte, el concejal viñamarino, Víctor Andaur (PC), quien aseguró haber votado en contra de la construcción la última vez que se discutió el proyecto, hizo reconocimiento de que en este tipo de casos priman los intereses propios.

A pesar de que los permisos estén caducados, según el presidente de Defendamos la Ciudad, la empresa inmobiliaria podría solicitar una nueva autorización, adjuntando el Estudio de Impacto sobre el sistema de Transporte Urbano (EISTU), el que debe ser firmado por el seremi de Transportes en la región. Sin embargo, tanto el Director de Obras Municipales como el privado deben acatar lo que dice el ente contralor, ateniéndose a las observaciones de la llamada “Ley Lorca” y las normas urbanísticas del plano regulador comunal, aseguró Herman.