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Este viernes el National Security Archive, institución que archiva y publica documentos desclasificados del Gobierno de EEUU, dio a conocer cinco cables confidenciales que indican que Augusto Pinochet fue el principal encubridor del Caso Quemados.
Según estos documentos, fue el dictador quien ordenó que no se investigasen los hechos ocurridos el 2 de julio de 1986, cuando el fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y la estudiante Carmen Gloria Quintana fueron rociados con combustible y quemados, provocando la muerte del joven de ese entonces 19 años y ocasionando heridas de gravedad a la universitaria de 18, según la información dada a conocer por el diario español El País.
El responsable de la investigación, Peter Kornbluh, indicó que pese a que los cables fueron desclasificados hace más de una década, hoy tienen una mayor relevancia puesto que el caso fue reabierto 29 años después de los hechos, luego que un ex militar rompiera el pacto de silencio entre los testigo e involucrados.
Kornbluh agregó al respecto que “los abundantes detalles de los documentos desclasificados podrían servir de apoyo a la acusación… Los documentos vinculan a Pinochet con el encubrimiento de un crimen de cuya autoría militar no caben dudas”, señaló.
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Los cinco cables confidenciales
Los archivos que publicó el National Security Archive indican que las maniobras para encubrir el actuar de los militares comenzaron en el hospital al que llegaron los jóvenes heridos de gravedad por las quemaduras.
Según consigna El País, el primer cable enviado desde la Embajada de Estados Unidos en Chile al Departamento de Estado el 8 de julio de 1986 se indica que Rojas De Negri fue “quemado de forma deliberada por soldados”. Sumado a esto señala que “médicos en la Posta Central afirman que el director de la Posta obstruyó el traslado de Rojas a una clínica mejor equipada para tratarlo”.
Rodrigo Rojas | Museo de la Memoria y los DDHH
En tanto, el director de la Posta en ese entonces, identificado como el doctor Guzmán, habría dejado escrito en el historial médico del joven que no recibiera visitas debido a los problemas legales de su caso, y que tampoco debía ser trasladado” a otro recinto asistencial. Esta determinación habría impedido que se le tomara alguna declaración a Rodrigo Rojas antes de su muerte.
Un segundo cable, enviado el 14 de julio de 1986 a la Casa Blanca, consigna que “el Gobierno chileno, siguiendo las directivas de Pinochet, está tratando de tachar públicamente como terroristas a Rojas y a Quintana, que habrían sido víctimas de sus propios cócteles molotov”, pese de las declaraciones de testigos y de una investigación que apuntan a los militares como los responsables del brutal ataque.
El documento indica que “no es probable que Pinochet vaya a permitir que se juzgue a soldados, ni siquiera si un investigador oficial los señalara como los culpables. Si se desbarata la defensa del cóctel molotov, deberíamos esperar otras explicaciones, como que responsabilicen a comandos comunistas”, señala el sitio.
Una tercera información es enviada desde Santiago al Departamento de Estado en Washington el 22 de julio de 1986. En este documento informan que Carabineros finalizó la investigación, concluyendo que la patrulla militar estuvo involucrada en la quema de los jóvenes, identificando sólo a un responsable con nombre y apellido.
El informe fue entregado por el director general de Carabineros, Rodolfo Stange, a Augusto Pinochet el 11 de julio. Según el cable, “el presidente Pinochet le dijo al general Stange que no creía el informe y se negó a recibir el documento”.
Javier Salvo | Agencia UNO
Semanas después, el 26 de agosto de 1986, la inteligencia militar de Estados Unidos asegura en otro documento que el Gobierno de Chile “ha cambiado varias veces su versión sobre su implicación en la quema y posterior muerte de Rodrigo Rojas y aparentemente ha emprendido una campaña de intimidación para presionar a los testigos” de este hecho.
En la información enviada desde la embajada estadounidense se agrega que “algunos miembros del Gobierno probablemente seguirán intimidando a los testigos para convencerles para que cambien su testimonio, con el objetivo de liberar al régimen de responsabilidad alguna del crimen”.
Finalmente, el 18 de diciembre de 1986, un cable firmado por la CIA asegura que abogados cercanos al caso indican que el ministro de Justicia de aquel entonces, Hugo Rosende Subiabre, “está ejerciendo presión sobre el fiscal del Estado y los jueces para atascar y finalmente desestimar el caso por falta de pruebas”.
Según El País, estas acciones tienen como finalidad alargar el caso, ya que mientras no haya sentencia, los abogados de Rodrigo Rojas no podrán recurrir a la Corte Suprema, instancia que catalogan como “su mejor oportunidad de exponer los detalles del asesinato”.
A juicio de Peter Kornbluh, estos cables dados a conocer grafican “un caso crucial en la historia de violaciones de derechos humanos en Chile y, también en las relaciones entre el régimen de Pinochet y EEUU”.
