No tiene dirección física, no tiene teléfono, no tiene página web ni menos datos sobre su “misión”, pero si ha generado millonarios negocios que llegan incluso hasta la filial Salar de la empresa Soquimich, la cual actualmente se encuentra bajo la mira por millones de dólares presuntamente entregados de forma irregular e ilegal a campañas políticas.

Asesorías y Negocios SPA es una empresa creada por Giorgio Martelli Robba, el geógrafo, cercano al PPD y recaudador de la Nueva Mayoría, que a fines de 2011 dio vida a esta sociedad destinada, aparentemente, a comprar estudios de todo tipo para después venderlos a terceros.

De hecho, según da cuenta la publicación de constitución de la empresa, esta tiene como fin “realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada o fusionada a terceros, las siguientes operaciones, entre otras: a) la prestación de toda clase de asesorías, consultorías, asesorías financieras, administrativas, contables, tributarias, de gestión y cualquier otra afines; b) desarrollar y practicar estrategias que al efecto le encarguen terceros; y c) celebrar toda clase de contratos y, en especial, de sociedad, participando en sociedades ya existentes y adquirir acciones o derechos en ellas, siempre que tales actos y contratos sean conducentes al cumplimiento del objeto social antes descrito”.

Asesorías y Negocios SPA apareció en los medios de comunicación tras una publicación de El Mostrador, que daba cuenta de sus lazos con la filial Salar de SQM, lazos que más tarde fueron reafirmados por T13, tras revelarse una serie de facturas emitidas por la sociedad de Martelli. Son 23 documentos que aparecen en los datos de Salar de 2012 y 2013 por un total de $246 millones de pesos, y que se suman a una boleta por $8 millones que figura en la primera contabilidad de Soquimich que llegó a manos de la entidad dirigida por Michel Jorratt.

Coincidentemente, el dinero ingresó a la compañía del recaudador de la Nueva Mayoría en el inicio de una fuerte época de campaña electoral, en la cual se definió la carrera presidencial que terminó con la victoria de Michelle Bachelet.

Aquí es donde aparecen las primeras criticas, que han apuntado principalmente a un eventual movimiento que tuvo como objetivo financiar a la Nueva Mayoría con dinero de Soquimich, una empresa controlada por el ex yerno de Pinochet, el empresario Julio Ponce Lerou.

Esta teoría de los críticos, principalmente de oposición, se reafirma con la declaración de la contadora Clara Bensan que publicó 24H, en la cual se explica la forma de actuar de Martelli y se le acusa de realizar una jugada para financiar la campaña de 2009 de la Nueva Mayoría -en ese entonces Concertación- con dinero proveniente de SQM.

La contadora y socia mayoritaria de Asesores en Gestión Integral Limitada, otra empresa que apareció en la primera contabilidad de Soquimich entregada al SII, indicó que fue instruida por Martelli para emitir dos facturas a SQM, una por $34 millones en 2009 y otra por $58 millones en 2010, con las cuales cobró dinero que luego entregó al geógrafo, que buscaba financiar la campaña de Eduardo Frei.

Michel Jorratt, Director del Servicio de Impuestos Internos

Michel Jorratt, Director del Servicio de Impuestos Internos

Los cuestionamientos están lejos de detenerse, más aún si el propio Michel Jorratt, director de la entidad encargada de investigar a la empresa de Martelli, trabajó para el recaudador y entregó boletas mensuales por $1.111.111 entre enero de 2012 y marzo de 2013.

Pero no es el único personaje que aparece en la lista de actuales funcionarios de Gobierno que trabajaron para Asesorías y Negocios SPA y que fueron parte del comando, y en algunos casos de la anterior administración de Michelle Bachelet.

Según pública hoy The Clinic, entre 2012 y 2013 prestaron servicios algunos personajes que hoy son parte del grupo de asesores del ministro Alberto Arenas, del ministro Máximo Pacheco y del titular de educación, Nicolás Eyzaguirre, entre otros. Incluso se incluye a la principal cúpula del Ministerio de Interior.

Entre los nombres aparecen Fidel Miranda Bravo y Enrique Paris Horvitz del Ministerio de Hacienda; Jorge Rodríguez Cabello en la Dipres; Flavio Candia Gallardo, Héctor Cucumides Calderón, Robinson Pérez y Cristián Manríquez Otárola en el Ministerio de Interior; Harold Correa Angulo en el Ministerio de Educación y Gabriel Sepúlveda Espinoza en el Ministerio de Energía.

A estos se suman María Estela Ortíz, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia; Alicia Galdames Jeria, prima de la presidenta y agregada de prensa en Perú; María Consuelo Mac-Lean en la Dirección Administrativa en Presidencia; Sergio Torres Sepúlveda, en la dirección de Programación y Claudio Santis Acosta, a cargo de la Optimización del Sistema de Cobertura Informativa de Prensa de la Secretaría de Comunicaciones.

Todos ellos se suman al ministro Rodrigo Peñailillo, quien se encuentra en una complicada etapa frente a la opinión pública, pues fue el iniciador de la postura de “poner fin a la caza de brujas” en torno a las supuestas irregularidades en financiamientos y los lazos con SQM. Sin embargo, se dio a conocer que a principios de 2012, poco después de retornar de Europa y de mantener reuniones con su ex jefa Michelle Bachelet, Peñailillo boleteó para Martelli.

Los documentos que emitió fueron por tres informes basados en ‘cómo la crisis económica europea afecta las políticas sociales del Estado y el impacto en empleo juvenil’, los cuales fueron remunerados a través de cuatro boletas del 31 de enero, 29 de febrero, 30 de marzo y 4 de mayo del 2012, por $4 millones cada una.

La verdad es que hasta ahora no hay delitos que se hayan imputado ni irrupción de Fiscalía en este caso, que por el momento sólo ha generado críticas y suspicacias.

Eso sí, hay una investigación de la empresa de Martelli que está a cargo del SII, que eventualmente podría llegar a interponer una nueva denuncia que abriera las puertas para una indagatoria del Ministerio Público, sólo si encuentra datos que puedan configurarse como una eventual irregularidad.

Mientras tanto la postura de la Moneda se mantiene, y afirman que la campaña empezó sólo en marzo del 2013, cuando Michelle Bachelet retorno a Chile para hacer oficial su candidatura presidencial, por lo que no habría coincidencia de fechas ni tampoco habría ilegalidades de sus personeros. Es más, los han defendido con argumentos como el del ministro Peñailillo, que preguntó a los medios si acaso era una falta “trabajar profesionalmente y pagar los tributos”.

Pese a lo anterior, desde 2012 se ha hablado extraoficialmente de una precampaña que pavimentó el camino para la actual mandataria, y que si coincidiría con el periodo en que los, ahora personeros de Gobierno, entregaron distintos estudios a Martelli que tenían una finalidad desconocida, incluso para ellos, según han comentado al ser consultados por los medios de comunicación.