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Cerca de un millón y medio de brasileños protestaron este domingo pacíficamente en todo el país contra la presidenta Dilma Rousseff, que enfrenta un complejo cóctel de tensión social, política y económica derivada en parte del gran escándalo de corrupción en Petrobras.
La mayor protesta tuvo lugar en Sao Paulo, donde manifestaron un millón de personas, según la policía, en su mayoría vestidas con la camiseta amarilla y verde de la selección brasileña como en el resto del país.
Medio millón más de personas se manifestaron en otras 83 ciudades de Brasil, en protestas que igualaron las espontáneas marchas callejeras de junio de 2013.
Parte de los manifestantes reclamaron este domingo el “impeachment” (destitución) de la presidenta, que comenzó su segundo mandato de cuatro años hace menos de tres meses, tras ser reelecta por un margen de apenas 3%.
Y muchos pidieron incluso una intervención militar que ponga fin a más de 12 años de gobierno del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), una paradoja en este día en que se cumplen justamente 30 años del retorno de la democracia a Brasil luego de una larga dictadura militar (1964-1985).
“Hoy somos miles y miles de personas que pedimos el ‘impeachment’ de Dilma Rousseff. El gobierno está en una situación lamentable”, dijo a la AFP Rubens Nuñes, asesor jurídico del Movimiento Brasil Libre, uno de los grupos que organizó la protesta en las redes sociales, desde lo alto de uno de los grandes camiones que lideraban la marcha en Sao Paulo.
Hartos de la corrupción
Unas 50.000 personas marcharon hacia el Congreso en Brasilia, según cálculos de la policía. El hartazgo de la corrupción parecía ser la amalgama de muchos manifestantes que reclamaban desde un golpe militar hasta la protección del Acuífero Guaraní, mientras marchaban en familia, sacándose selfis sin parar con sus teléfonos inteligentes y comprando agua de coco o gafas de sol a vendedores ambulantes.
La avenida frente a la famosa playa de Copacabana en Río de Janeiro fue ocupada por unas 15.000 personas -según la policía- que coreaban “¡Fuera Dilma, fuera PT!” y juntaban firmas para destituir a la presidenta.
Rita Souza, una productora televisiva de 50 años, llevaba una pancarta que decía “Intervención militar ya”. “No estoy pidiendo un golpe [de Estado], sino una intervención constitucional para llamar a nuevas elecciones limpias, sin urna electrónica, sin la manipulación del PT. ¡Que se vayan todos para Cuba!”, dijo a la AFP.
Varios politólogos brasileños se vieron obligados a explicar en los últimos días en la prensa local que es imposible tener una “intervención militar constitucional”.
La popularidad de Rousseff cayó 19 puntos en febrero, a 23%, y la presidenta enfrenta una situación complicada en varios frentes, con la economía estancada, la inflación elevada y decenas de legisladores investigados por su supuesta participación en el ‘Petrolao’.
Otras marchas realizadas el viernes pasado en apoyo de Rousseff y Petrobras por sindicatos afines al PT reunieron a 175.000 personas según organizadores, y 33.000 según la policía.
Contra la impunidad
Al final de la jornada, dos ministros de Rousseff dieron una conferencia de prensa y dijeron que el gobierno anunciará en los próximos días “un conjunto de medidas para combatir la corrupción y la impunidad” y las enviará al Congreso para su aprobación.
El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, sostuvo que el actual “sistema electoral anacrónico es la principal puerta de entrada de la corrupción al país” y que por eso es urgente una reforma política que ponga fin a la financiación empresarial de las campañas electorales.
El escándalo del ‘Petrolao’ develó que las principales empresas constructoras brasileñas destinaron millones a las campañas electorales del PT y otros partidos de la coalición, a cambio de contratos con la petrolera estatal.
“Las manifestaciones contrarias al gobierno son legítimas. Lo que no es legítimo es el golpismo, la violencia, el ‘impeachment’ infundado que daña la democracia”, dijo por su lado Miguel Rossetto, ministro de la Secretaría General de la presidencia.
Las marchas obtuvieron el apoyo del opositor PSDB. Su presidente, Aecio Neves, que perdió el balotaje contra Rousseff, no protestó en las calles pero alertó en un video en Facebook que “el camino solo está comenzando”. “¡No vamos a dispersarnos!”, dijo.
“El gobierno debe descender del pedestal, llamar a la sociedad civil, a sus aliados, convocar al país para intentar una suerte de pacto porque podría estar en juego su propia sobrevivencia”, dijo a la AFP el analista político de Brasilia André César.
