Luego de dos suspensiones, durante este viernes 6 de marzo en la Corte de Apelaciones de Valparaíso se realizarían los alegatos de los recursos de protección presentados por la ONG Comunidad y Justicia y el pastor Javier Soto para impedir la distribución del libro Nicolás tiene dos papás.

La sesión nuevamente no se realizó, debido a que el juez se inhabilitó debido a que su hija trabaja en el Servicio Nacional de Menores (Sename).

Lee también: Lee aquí el libro “Nicolás tiene 2 papás”

Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), institución que lideró la entrega del polémico texto en jardines de la Junji y otras instituciones, dialogó con Expreso Bío Bío.

El activista comentó que conversó con la presidenta de la Corte de Apelaciones y que los alegatos serían vistos el próximo viernes, por lo que espera que allí se resuelvan los recursos.

“Es parte del costo que tiene el dar las peleas que estamos dando y es una muestra más de la homofobia profundamente arraigada en algunos sectores de la sociedad. Particularmente, en la UDI y en algunas iglesias”, añadió.

Jiménez agregó que estaban tranquilos y que “sabemos que van a perder estos recursos, son 7 recursos de protección en varias Cortes de Apelaciones. Además, hace unos días presentaron una acción ante el Tribunal Constitucional que es delirante porque están pidiendo que se derogue uno de los artículos que constituyen la Junji y que deroguen dos artículos de la Convención de los Derechos del Niño. Esta gente no tiene límites“.

Escucha la entrevista completa realizada por Patricio Cuevas en Expreso Bío Bío:

La ONG Comunidad y Justicia se comunicó con BioBioChile para dar a conocer su parecer respecto a esta entrevista:

La ONG Comunidad y Justicia, no tiene ningún vínculo institucional, financiero, ni de ningún tipo, con el partido Unión Democrata Independiente. Tampoco mantiene una relación de asesoría, de representación, ni de ninguna índole, con el señor Pastor Javier Soto.

La ONG Comunidad y Justicia, es una persona jurídica, sin fines de lucro, que se dedica a defender los derechos humanos y le estado de derecho, y que desde el 2013 es parte del registro de Organizaciones de defensa de los derechos humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos.