La Coalición CEFU (por el Control Ético de la Fauna Urbana), que reúne a las agrupaciones animalistas en todo el país, advirtió de un error en el decreto sobre caza de canes salvajes, que incluso pondría poner en peligro a los perros de ciudades.

Esto luego que el sábado 31 de enero se publicara en el Diario Oficial el decreto impulsado por el Gobierno de Sebastián Piñera, que permitirá la caza de perros salvajes o asilvestrados.

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Al respecto, el vocero de CEFU, Enrique Reyes, rechazó la nueva normativa, sosteniendo que el Ejecutivo ha mostrado un doble estándar en el tema. Ello ya que por una parte están promoviendo la tenencia responsable de mascotas, y por otra aprueban decretos que permiten matarlas.

En ese sentido, llamó a las autoridades a definir “qué camino vamos a tomar. O sea, vamos a educar hacia tenencia responsable, o vamos a empezar a matar perros (…) La señal del Gobierno es un poco confusa. Por un lado están protegiendo y por otro están matando”.

Además, Reyes recalcó en entrevista con BioBioChile que uno de los principales errores de la ley es que no define qué se entenderá por perros salvajes o bravíos, por lo cual queda abierta a interpretaciones. De esta forma, la legislación podría afectar a cualquier perro que esté en la zona rural, tenga o no dueño.

“Con esta ley supuestamente se puede matar a un perro con el sólo hecho de que esté a 400 metros de una casa (en zonas rurales). Entonces, eso significa que cualquier persona que supongamos se pelea con otra por el perro, va y lo pone a 400 metros de una vivienda (rural), y lo mata”, indica.

Asimismo, destaca que “no porque un perro sea de campo, necesariamente va a ser de inmediato un perro asilvestrado”, ya que hay muchos agricultores que crían gran cantidad de canes para cuidar sus terrenos.

Por otra parte, el vocero de CEFU expresó que este error también podría provocar una matanza de perros abandonados en las calles de ciudades, ya que en aquellas comunas donde los municipios son conocidos como “mata perros”, podrían tomar a los canes y trasladarlos a los sectores rurales donde esté permitida la caza para darles muerte.

Esto también se vería propiciado por la falta de regulación y fiscalización que hay en estos momentos, acota.

Cabe mencionar que pese a que el gobierno de Piñera fue el que impulsó la medida, el ministerio de Agricultura en marzo de 2014, bajo administración de Michelle Bachelet, suspendió el decreto para “revisarlo” tras el fuerte rechazo público que generó. Pese a ello, la iniciativa fue publicada el mes pasado.