La reciente abdicación del rey Juan Carlos I y el ascenso al poder de su hijo Felipe VI, no sólo significa un movimiento más en la siempre agitada monarquía española, sino un abrupto cambio de pasar a ser “emperador” a un “ciudadano” común y corriente.

Claro, pues junto con desprenderse de sus atuendos reales, desde ahora Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias deberá responder ante la justicia como un civil más.

Y el panorama es nada sencillo. El otrora rey fue demandando en 2012 por un hombre español y una mujer de origen belga quienes aseguran que son sus hijos. No obstante, las intenciones legales de ambos no rindieron frutos y la razón se explica en una palabra: inviolabilidad.

¿Qué es la condición de inviolabilidad del rey?

La condición de inviolabilidad del rey de España está establecida constitucionalmente e indica que éste no puede ser perseguido judicialmente, por lo que no está sujeto a responsabilidad alguna.

Más específicamente, el inciso 3 del artículo 56 del segundo título de dicho documento, asevera que “Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65,2″. Y es aquí donde las discusiones no se hacen esperar.

Para ese mismo año, la cadena británica BBC publicaba un reportaje escrito en que entre sus fuentes de consulta incluía al experto en derecho Luis Rodríguez Ramos. El catedrático fue tajante: “en el ámbito civil (como es el Derecho de Familia) esa inviolabilidad no existe” ¿Debería entonces aplicársele todo el rigor de la ley ahora que Juan Carlos es un ciudadano español como todos?

Como si ese “blindaje” fuera poco, según esta misma disposición, el rey tiene la facultad de sancionar y promulgar leyes, convocar a elecciones, referendos, nombrar a presidentes e incluso, si es autorizado por las Cortes Generales, declarar la guerra o su tregua.

Tanto Rodríguez como otros profesionales de la justicia, consideran que la constitución de España establece una inmunidad que sólo se limita al aspecto penal, es decir, la aplicación de sanciones monetarias o de privación de libertad por delitos.

Algunos, como el subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Ángel Sánchez, van todavía más allá y aseguran que la enmienda no explicita responsabilidades de ningún tipo, ni siquiera civiles ¿Hay vacíos legales entonces?

Pero existen abogados que defienden lo establecido por la máxima instancia legal del país del viejo continente. En pleno proceso de la demanda por paternidad, el facultativo de derecho penal, Luis Martínez-Calcerrada, indicó que la vida privada del rey permanece unida a su personalidad monárquica, la inviolabilidad entonces abarca absolutamente todos los ámbitos.

Sin embargo, si el rey deja de serlo, entonces ¿a qué está expuesto Juan Carlos Víctor María de Borbón? Al igual que en nuestro país, todo español tiene derecho a la vida, la educación o la salud, pero también debe responder ante las normativas jurídicas y judiciales de su nación.

Si el también llamado “majestad”, pierde su propiedad de protección civil y penal, entonces está expuesto a que la demanda de estas dos personas vuelva a ser presentada, llevando a la familia real a un terremoto de proporciones.

Y lo mismo podría ocurrir con el escándalo de la caza de elefantes ¿Es el momento de que la comunidad protectora y animalista prepare su artillería ahora que Juan Carlos está sin su tradicional blindaje?

Para responder a estas interrogantes, algunos personeros jurídicos ya han salido al paso señalando que el carácter inviolable se mantendría incluso después de su abdicación.

Eso es lo que precisa un artículo del diario argentino Clarin, medio que recoge las declaraciones de el fiscal general estatal Eduardo Torres-Dulce.

Torres aseveró que una persona tan representativa como Juan Carlos, que lideró a España por tanto tiempo, “debe tener una consideración especial”.

El tema contrajo tal interés que ya adquirió ribetes gubernamentales. Es así como la vicepresidenta española Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que el Poder Ejecutivo ya trabaja en una ley que protegería al ex rey de cualquier presentación judicial.

Las declaraciones de estos personeros parecen llegar en un momento álgido. Juan Carlos dejó el poder, su hijo lo retoma y la esposa de éste, una periodista, ahora es reina de la corona española.

Todo parece indicar que el hombre del “¿Por qué no te callas?” no enfrentará a la justicia, o no al menos como cualquiera de sus ahora compañeros civiles.