Parlamentarios de oposición y consumidores valoraron que el Tribunal Constitucional (TC) acogiera un requerimiento contra el decreto 153 del Ministerio de Economía, que reglamenta el consentimiento forzoso de los contratos de adhesión de productos y servicios financieros.

El 20 de diciembre, al día siguiente de su entrada en vigencia, los diputados Patricio Vallespín (DC) y Marcelo Schilling (PS), entre otros parlamentarios, ingresaron un requerimiento al Tribunal Constitucional que buscaba paralizar el nuevo reglamento de consentimiento expreso de productos y servicios financieros, dictaminado por el Gobierno.

Los legisladores aseguran que este reglamento no beneficia a los consumidores, al señalar que si bien las entidades financieras y del retail no pueden modificar unilateralmente los contratos, tienen la facultad de presionar a sus clientes para que acepten los nuevos términos.

Esto porque se faculta a las empresas para terminar el contrato con el cliente, si éste no autoriza la modificación del acuerdo.

Tras acoger el requerimiento contra dicho decreto, la decisión del TC fue calificada como una muy buena noticia por parte del diputado Patricio Vallespín.

La acción fue presentada por 21 parlamentarios y apoyada por agrupaciones sociales vinculadas a los consumidores, entre ellas la Fundación Chile Ciudadano, cuyo director ejecutivo, Fernando Balcells, valoró la decisión del Tribunal Constitucional.

Ahora, según lo informado por los parlamentarios, el TC tardará entre 60 y 90 días en analizar el decreto para establecer si efectivamente, es o no anticonstitucional, quedando sin efecto.