El abogado Mauricio Daza solicitó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que envíe todos los antecedentes relacionados con la formulación de cargos de cuatro ejecutivos de las sociedades tipo “cascada” de SQM al Ministerio Público.
Una pena de 10 años de presidio efectivo para Julio Ponce Lerou, presidente y controlador de Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera, Potasios de Chile y Nitratos de Chile, pide el abogado Mauricio Daza, representante de un accionista minoritario de SQM.
El jurista pidió a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que remita al Ministerio Público, todos los antecedentes que permitieron levantar cargos a Julio Ponce Lerou, Aldo Motta, Patricio Contesse y Roberto Guzmán, ejecutivos de las Sociedades Cascada de SQM.
Mauricio Daza calificó esta resolución por infracciones a la leyes de Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas, como “tardía e incompleta”.
La formulación de cargos ya impactó en las acciones de las sociedades controladoras de SQM, particularmente en Pampa Calichera y Norte Grande, cuyos papeles se depreciaron en un 2,1% y un 1,55% respectivamente.
Desde Inglaterra, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín descartó que el caso de las firmas de SQM afecte las inversiones extranjeras, afirmando que “las instituciones funcionan”, en referencia a la indagatoria de la Superintendencia.
Postura a la que se adhirió el académico del Centro de Gobiernos Corporativos de la Universidad de Chile, Dieter Linneberg, quien afirmó que la intervención de la SVS es una señal positiva para el mercado de capitales.
Julio Ponce Lerou, ex yerno del dictador Augusto Pinochet, Aldo Motta, Patricio Contesse y Roberto Guzmán arriesgan una nota de censura, una amonestación, y multas de hasta 15 mil UF, es decir, 345 millones de pesos cada uno.
Según información publicada por El Mostrador, Alejandro Ferreiro, ex presidente del Consejo para la Transparencia, Cristián Leay, ex diputado UDI, Pablo Barahona, ex ministro de Economía durante la dictadura, Pablo Guerrero y los hijos de Julio Ponce Lerou estarían en la mira de la SVS por las operaciones de compra y venta de acciones de las firmas “cascada” controladoras de SQM.
Tampoco se descarta la ampliación de la indagatoria a otros agentes del mercado, como las corredoras de bolsa Larraín Vial y Banchile.