Familiares de ejecutados políticos de la región del Bío Bío demandan la renuncia de la ministra de la Corte Suprema, Rosa Egnem, quien en 1973 como jueza de Yumbel escondió el parte de Carabineros sobre el hallazgo de 18 cuerpos enterrados ilegalmente e incluso alteró registros judiciales.

Pocos días después del golpe militar, personal de Carabineros detuvo a 19 funcionarios de Ferrocarriles y de la papelera CMPC en el sector Laja-San Rosendo. Los cuerpos de 18 de ellos aparecieron en octubre del mismo año enterrados en el fundo San Juan del sector, hecho del cual dio cuenta al tribunal el entonces comisario de Yumbel, Héctor Rivera.

La denuncia fue recibida por la magistrada Corina Mera, quien sin embargo entregó el caso a su secretaria, la abogada Rosa Egnem. Al comenzar Mera a hacer uso de una licencia médica, Egnem -como jueza subrogante- guardó el parte por inhumación ilegal- en la caja fuerte del juzgado.

Hoy, 40 años después, con la causa a cargo del ministro especial por violación de derechos humanos, Carlos Aldana, y cuando se sabe que los homicidios fueron responsabilidad de 10 carabineros procesados, también resurge el cuestionamiento al rol de la jueza Egnem, hoy ministra de la Corte Suprema.

Por la omisión que impidió conocer la verdad sobre esos crímenes, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Laja-San Rosendo demandó la renuncia de Rosa Egnem como miembro del máximo tribunal del país. Así lo expresó su vicepresidenta, Fresia Ponce, sobrina también de una las víctimas, Alfonso Macaya.

Otro de los miembros de la agrupación es Mauricio Araneda, cuyo padre Luis Alberto Araneda fue ejecutado en el operativo de Carabineros. Como abogado parte en la causa judicial, expresó la gravedad de la actuación de la hoy ministra de la Corte Suprema.

Pero además, Mauricio Araneda subrayó que Rosa Egnem actuó al margen de la ley, abriendo la posibilidad de que pudiera ser investigada por la eventual comisión de un ilícito.

El antecedente surge a horas de que el máximo tribunal del país entregue un pronunciamiento sobre el cuestionado trabajo del Poder Judicial durante la dictadura, según lo adelantado por su presidente, ministro Rubén Ballesteros.