Cuando lo sucedido la madrugada del 27 de febrero de 2010 sigue siendo un recuerdo vívido para millones de chilenos, algunos derechamente aprovecharon la tragedia para su beneficio personal, según quedó demostrado en un nuevo capítulo de “Contacto”.

De acuerdo al reportaje realizado por el periodista Elías Sánchez, vacíos en la legislación habrían permitido que alcaldes de las comunas afectadas falsearan antecedentes para obtener el subsidio por el Programa DS N°40 extraordinario, mientras que aún hay vecinos que a tres años de la tragedia aún esperan una solución habitacional.

El primero en saltar a la palestra fue el alcalde UDI de Empedrado, Gonzalo Tejos Pérez, quien pese a no presentar daños en su vivienda, fue beneficiado directamente por el beneficio estatal a través de su esposa María Cristina Aguilera, quien obtuvo un subsidio habitacional.

Además de su esposa, quien es directora de un colegio municipal de la misma comuna del Maule, aparecen envueltos en la misma irregularidad la hermana del edil, Fortunata Tejos, y su sobrina, la concejala Fernanda Arellano Tejos.

En el caso de Fortunata Tejos, aparece con mil puntos en la Ficha de Protección Social, que corresponde a una persona bajo la línea de la pobreza, pese a que es dueña de un centro de belleza, y a otras propiedades, en cuyos terrenos ya se está construyendo una vivienda con el dinero del subsidio.

“Yo pienso que a lo mejor públicamente nos sea una buena acción, (…) lamentablemente la cosa se hizo, y ya está hecha. Para esto hay tribunales y abogados, y ellos se encargarán del tema”, indicó al programa el cuestionado jefe comunal, quien culpó al Serviu de la entrega del beneficio.

Otro caso fue el del actual edil de Cauquenes, Juan Carlos Muñoz, cuya casa fue dañada por el terremoto, la que reconstruyó gracias al Programa DS N°40 extraordinario, luego que su hijo menor Jorge asegurara ser un damnificado, como una forma de concretar la ayuda, debido a que la esposa del edil es dueña de varias propiedades.

De manera singular, Jorge Muñoz aparece como conviviente de una mujer -funcionaria municipal- pese a que ésta tiene una relación con un amigo del joven. Este dato no hace más que confirmar la falsedad en los antecedentes presentados para conseguir el subsidio.

Entre los “salpicados” por el escándalo, apareció la jueza de policía local, Camen Gloria Valdés Véjar, beneficiada por el subsidio pese a tener varios inmuebles. A raíz de la investigación periodística, renunció al beneficio estatal.

Respecto a la denuncia, el alcalde Muñoz negó haber recibido un subsidio, rechazando de paso que su hijo hubiera presentado datos falsos en la postulación al subsidio, responsabilizando de lo ocurrido al Serviu -al igual que el edil de Empedrado- pese a que su otro hijo, Juan Andrés Muñoz, era director de esta repartición pública en ese periodo.

En la misma línea de las denuncias de irregularidades, aparece el también cuestionado Richard Irribarra, alcalde de Quirihue, quien en su oportunidad fue acusado por el diputado Frank Sauerbaum sobre la posible adulteración de la ficha de protección social para lograr el subsidio, dineros con los que construyó un inmueble a pesar de que su domicilio no registró daño alguno el 27F.

La máxima autoridad comunal desmintió además que haya ocupado esa casa para guardar material de propaganda de campaña. No obstante, Contraloría determinó finalmente que la ficha de protección social fue adulterada para conseguir el beneficio.

Pero no sólo autoridades burlaron la ley, sino que también personas particulares obtuvieron subsidios de forma fraudulenta o en algunos casos sin tener necesidad real. Tal fueron los casos evidenciados en Angol (La Araucanía) y Laja (Bío Bío). En esta última comuna aparece involucrado el ex alcalde Vladimir Fica, quien habría falseado datos para beneficiar a cercanos y familiares.

Los casos denunciados en ambas comunas están siendo investigados por el Ministerio Público.

En otra arista de la investigación, en Doñihue se detectó a 250 falsos damnificados, que ocuparon datos de verdaderos afectados para “disfrazar” a eventuales beneficiados. Por este caso, el director de obras municipal de esa comuna fue condenado a 5 años de libertad vigilada.

Consultado por “Contacto”, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez, señaló que “nos parece inaceptable, que hayan frescos que se quieran aprovechar de todos los chilenos para un beneficio a si mismos”.

De acuerdo a datos entregados por el secretario de Estado, Serviu fiscalizó en terreno la entrega de este beneficio, detectando unos 700 casos cuestionables.

Recordemos que 52 mil damnificados aún están esperando la ayuda del Estado para reconstruir sus viviendas dañadas por el movimiento telúrico de 2010, cuyas réplicas sociales aún persisten.