El 5 de mayo es la fecha tope para que las familias pehuenches cuyo cementerio fue inundado por la represa de la central Ralco, en Alto Bío Bío, alcancen a llegar a un acuerdo compensatorio con el Gobierno, que ponga fin a una polémica que se prolonga por una década.

Después de que finalmente se descartara la opción de exhumar las osamentas humanas en el panteón Quepuca, que quedó a 60 metros de profundidad por el llenado del embalse Ralco, propiedad de Endesa, las familias afectadas y el Gobierno acordaron formar una mesa de trabajo para definir acciones compensatorias.

Entre dichas acciones, estuvo la recopilación del material cultural disperso en universidades y organismos públicos que pertenecía a dichas familias, y se planteó la idea de crear un hito memorial en una zona cercana al cementerio inundado.

Sin embargo, María Curriao, que representa a las 25 familias pehuenches afectadas, sostuvo que lo avanzado será revisado en la mesa de trabajo con el Ejecutivo, cuya fecha tope es el próximo 5 de mayo.

Sin embargo, la dirigenta adelantó que si Endesa no se suma a lo realizado en la mesa de trabajo con el Gobierno, tomarán acciones más radicales.

Según María Curriao, lo que se procura no es una compensación económica sino que se haga justicia ya que, de acuerdo a la dirigenta, pese a existir una ley indígena vigente en la época en que sucedieron los hechos, se pasaron a llevar los derechos de los pehuenches para favorecer los intereses de una empresa.