Hombres verdes les llaman a los más de 500 ex trabajadores de la Fundición Ventanas de Enami (actual Codelco) que han muerto o se encuentran enfermos de cáncer producto de la constante exposición a metales pesados.

La primera semana de septiembre comenzó la exhumación de los cuerpos de cuatro ex trabajadores de un total de 28, luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso estimara que éste era un peritaje necesario para determinar la vinculación de estas muertes con la contaminación por metales pesados. A raíz de esto, los medios de comunicación han publicado las historias de los diversos casos que hablan de cáncer estomacal, pulmonar, a la piel, alzheimer agudo, accidentes vasculares, hombres que tenían sus vísceras teñidas de verde.

Estos trabajadores son un ejemplo extremo de la situación generalizada en toda la Bahía de Quintero y en otros lugares de nuestro país, respecto a los graves daños que puede producir la contaminación ambiental en los seres humanos. Son ejemplo, además, de una lógica del mal menor que se plantea como la única manera de alcanzar el desarrollo económico, al mismo tiempo que representan una promesa de mejorar el estándar de vida económica, a través de un trabajo que sin embargo implica un alto nivel de riesgo.

Desde hace algún tiempo se ha comenzado a conocer en Chile el concepto de Zonas de Sacrificio, término que se explica por sí mismo. Diversas organizaciones y comunidades afectadas han señalado que en nuestro país existen lugares dañados ambientalmente de manera catastrófica por el desarrollo industrial. Una de las características más relevantes de estas zonas es que son habitadas por seres humanos, en general poblaciones de bajos recursos, lo que implica que el debate respecto al medio ambiente se centra en la relación entre éste y el ser humano como un conjunto donde todos los factores son determinantes, especialmente los socioambientales.

Las Zonas de Sacrificio en general son el producto de la ausencia de una política ambiental que respete los derechos de las personas.

En las Zonas de Sacrificio, los efectos negativos del desarrollo económico e industrial no pueden pensarse como una cosa a futuro, sino que están sucediendo constantemente. Las personas que habitan estas áreas ven afectado su desarrollo diario por efecto de la contaminación que producen las diversas empresas con las que conviven, y de las cuales la mayoría de las veces depende su sustento.

Surge así el debate sobre la justicia ambiental, a partir del cuestionamiento de tipo social al hecho de que las externalidades ambientales negativas del desarrollo económico de una sociedad completa, terminan siendo una carga sólo para sectores determinados, los que además se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica y desmedro social.

La justicia ambiental pretende establecer el derecho a un medio ambiente limpio como derecho básico, sin el cual no es posible hacer efectivo el resto de los derechos fundamentales.

En marzo de 2011, la opinión pública nacional se enteró que la contaminación tenía carácter crítico en la Bahía de Quintero, cuando más de 40 personas sufrieron una intoxicación producto de una nube tóxica en la escuela de la localidad de La Greda; la mayoría de los afectados fueron niños. Sin embargo, los niveles de contaminación de suelo, aire y agua han sido estudiados y comprobados desde hace más de 40 años, junto con el deterioro de la salud y de la calidad de vida de sus habitantes.

El caso de la Bahía que alberga el complejo industrial Ventanas es un ejemplo emblemático de Zona de Sacrificio. Es un lugar que percibe la emanación de contaminantes de una refinería y fundición desde 1960, además de dos termoeléctricas a carbón desde 1958 y 1977, respectivamente. No existe siquiera un consenso absoluto respecto a cuántas empresas están en la zona, aunque el informe sobre la Bahía realizado a petición de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, señala que son 14 las empresas actualmente funcionando, mientras que existen tres proyectos termoeléctricos a carbón, uno por aprobar y dos por construir.

Derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo digno y la participación ciudadana han sido vulnerados por la contaminación del medio ambiente generada por todas estas instalaciones industriales. Junto con ello, la relación de dependencia que generan estos polos industriales como fuente de trabajo para sectores más necesitados de la sociedad, implica que este debate sobre justicia ambiental tenga una relación más íntima con la discusión respecto a la planificación social y de modos productivos que con la contaminación misma.

Existen probablemente varias Zonas de Sacrificio en Chile, tales como Huasco, Mejillones y Coronel, que en total afectan a alrededor de 200 mil personas, poblaciones que en algunos casos llevan más de cuarenta años soportando las cargas ambientales de todo un país. El Estado, en tanto, sigue reproduciendo las condiciones para que estos polos industriales se intensifiquen, aprobando nuevos proyectos contaminantes, sin asegurar servicios adecuados de salud ni sistemas de prevención y desprotegiendo las actividades económicas locales o familiares.

La lógica del mal menor que se encuentra detrás de estos ejemplos tiene su fecha límite. Las reacciones ciudadanas son cada vez más frecuentes y fuertes respecto a estos temas, mientras que los niveles de contaminación y uso de recursos generan cada vez más daño y vulneración de derechos universalmente establecidos.

Descarga aquí la investigación de Fundación Terram sobre la Bahía de Quintero.

Javiera Vallejo

Asistente Comunicaciones Fundación Terram.