En los últimos meses hemos visto en la prensa múltiples menciones al convenio 169 de la OIT. Utilizado como recurso judicial, ha sido capaz de paralizar grandes proyectos de inversión, como El Morro y el parque eólico de Chiloé. Estas acciones marcan un hito, cual es que implica que diferentes sectores sociales pongan por fin el ojo en tan importante instrumento jurídico vigente en Chile desde el 2009.

Al parecer, no ha sido suficiente por sí sola la impagable deuda que el Estado chileno tiene con los pueblos indígenas para que pusiéramos atención al convenio. Como habitualmente ocurre en Chile, fue necesario afectar un interés económico para que el tema cobrara importancia. Hoy con un cierto temor, las empresas y el Gobierno están mirando con sospecha e incertidumbre el instrumento. Mientras, las organizaciones indígenas y ciudadanas ven con buenos ojos la oportunidad que el Convenio representa para la reivindicación de derechos.

Sin duda estamos ante un hecho sumamente importante, ante otra etapa en la relación entre el Estado y los pueblos originarios, ya que con este instrumento se establece un nuevo marco normativo para dicha relación, reconociendo que los pueblos indígenas tienen el derecho a decidir sus propias prioridades en materia de desarrollo. Un indudable avance en materia de Derechos Humanos.

En concreto, establece que es obligación del gobierno someter a consulta las medidas que afectan directamente a los pueblos indígenas. A modo ilustrativo podemos decir que un proyecto como el de Ralco, tan mal implementado desde el punto de vista socioambiental, hoy tendría serias dificultades para su ejecución. Por otra parte, al estar por sobre cualquier ley o reglamento (excepto la Constitución), el convenio obliga a generar modificaciones a las leyes sectoriales vinculadas con recursos naturales como el código minero, el de aguas y la mismísima Ley de Pesca.

Si este convenio corresponde a un nuevo marco normativo, cabe preguntarse entonces si también será capaz de contribuir a un nuevo marco ético, a un cambio cultural que sustente esta relación. El convenio 169 se funda en el principio de multiculturalismo. Da un paso adelante en cuanto a una relación asimilacionista e integracionista que ha primado históricamente.

Equivale a declarar oficialmente que somos distintos y que debemos hacernos cargo de esta diferencia en términos de derechos. Tenemos el desafío de construir una identidad nacional que se reconozca y valore esa diversidad.

Esto no es menor para un país que a pesar de ser evidentemente multicultural no es capaz de reconocerlo. Ni siquiera en la Constitución, que entre paréntesis fue un compromiso formal de Aylwin en 1989, menos aún en los discursos asociados a nuestra identidad. Nos encanta sentirnos y decirnos más blancos de lo que somos, parecemos haber olvidado el mestizaje, menos aún reconocemos su valor. La multiculturalidad no es parte de la autoestima nacional. Por el contrario, parece avergonzarnos. Esto genera un obstáculo para la nueva forma de relación en que se basa el 169.

¿De qué manera “gestionamos” nuestra cultura para hacer sinergia con estos nuevos principios de relación?, ¿De qué forma “gestionamos” las normas e instituciones para generar cambios culturales asociados? Esta responsabilidad es de todos los sectores y los frentes de acción son múltiples.

Además de los cambios en términos de leyes y reglamentos, el Estado tiene el rol de generar un soporte institucional que incluya además una intensión de cambio cultural a nivel país para que el convenio se sustente. Entre otras cosas, es necesaria una sensibilización y formación de los funcionarios en los diferentes niveles y órganos del Estado.

Por otra parte están los medios de comunicación, que deben entregar información acabada y comprensible sobre el convenio, no sólo desde un punto legal si no que también dando a conocer su fundamento y justificación. En complemento deberán al menos, dejar mostrar al indígena de manera estereotipada asociándolo a la violencia, atraso y conflictividad, y permitiendo el merecido espacio que deberían tener en los medios.

Las organizaciones ciudadanas también juegan un rol primordial en la difusión de las bases del convenio y seguir haciendo incidencia para el cumplimiento de éste. De la misma manera es fundamental el trabajo que se siga haciendo en cuanto a la visibilizarían y puesta en valor del patrimonio cultural de los pueblos originarios.

Nosotros como ciudadanos y ciudadanas debemos mínimamente poner en el tapete en nuestras conversaciones cotidianas el carácter multicultural de nuestro país y para ello tenemos que estar convencidos de éste. ¿Qué tal si abandonamos el daltonismo y comenzamos darnos cuenta de nuestros diferentes colores?

Francisca Casas-Cordero Ibáñez: Socióloga, ha participado en investigación e intervención social en temas de participación, educación, género y medio ambiente, entre otros. Actualmente es parte de la Dirección de Calidad de Proyectos de Fundación Casa de la Paz.