El Presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, señaló que en el país se ha producido un fenómeno al que calificó de judicialización, por los continuos pleitos de carácter ambiental que les ha tocado resolver y que, a su juicio, son materia de otras autoridades.

Ballesteros recordó que la Tercera Sala, por ejemplo, llamó la semana pasada a una conciliación en la tramitación de los recursos de protección contra de la construcción de la Central Termoeléctrica Castilla en la Región de Atacama, o la paralización de la construcción del proyecto hidroeléctrico Central Río Cuervo, 15 días atrás.

Al respecto, el abogado ambientalista Marcelo Castillo, ligado al caso Hidroaysén, señaló que la judicialización de los conflictos con la administración del país es natural y que el presidente de la Corte Suprema debiera preocuparse de ayudar en la creación de tribunales administrativos.

El mismo juicio tiene, el también abogado y profesor de derecho , Luis Mariano Rendón, para quien los problemas ambientales están judicializados porque la institucionalidad actual no da garantías.

En tanto, distintas organizaciones sociales amenazan y preparan acciones judiciales para frenar emprendimientos comerciales de todo tipo, ya se ane el ámbito energético, alimentario o de manejo de residuos.