El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) lamentó y acusó hoy a la Iglesia Católica y a la UDI de reiniciar “una infundada campaña del terror para impedir el avance de la ley contra la discriminación, lo que constituye un menosprecio por la urgente necesidad para alcanzar justicia que tienen las víctimas de las exclusiones”.
La apreciación tuvo lugar luego de los dichos de ayer el presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Ezzati y Alejandro Goic, así como de la directiva y parlamentarios de la UDI.
Mientras Ezzati sostuvo en relación a al proyecto de ley “que ahora hay que considerar bien que cosa hay bajo del sombrero de la no discriminación, porque debajo de un sombrero tan bonito y que todos compartimos pueden haber situaciones que son objetables y que finalmente se vuelven en contra y se vuelve discriminatoria para algunas personas”, Goic añadió que “no hay que legislar ahora sobre caliente”. La ley debe “ser analizada con sabiduría” para que “no lesione otros derechos como la libertad sea “invocada erradamente contra derechos inherentes a la naturaleza humana”, apuntó Goic.
“Nuevamente la Iglesia Católica se está pronunciando contra el valioso derecho humano de la no discriminación. La Alta Jerarquía nunca ha querido que las minorías sexuales sean incorporadas en ley contra la discriminación, eso es lo único que motiva sus dichos y para eso siembra el terror injustificado de que la norma atenta contra la libertad religiosa”, añadió el Movilh.
“Además de insensible con los atropellos de las minorías, esta postura de la Iglesia es arrogante, pues pretende hacer creer que la ley antidiscriminación ha sido creada para combatir las religiones. Nada más alejado de la realidad y del espíritu de la norma. La ley viene a mejorar la calidad de vida de quienes padecen discriminación, no tiene relación alguna con la Iglesia. Esta sólo busca relacionarse con la norma para potenciar su discurso de odio hacia la diversidad sexual”, redondeó el Movimiento.
Explicó que “también es falso que esta norma se legisle en caliente. Lleva 7 años de tramitación y cada parlamentario está al tanto de todas y cada una de las visiones favorables y contrarias a la ley, las que se han expresado en decenas de oportunidad en el Congreso Nacional. Este debate está más que maduro. No hay nada nuevo que la Iglesia ya pueda aportar”.
Añadió que, en todo caso, esta visión de la Iglesia no es representativa de todos quienes practican religión. Una muestra de ello “es que este domingo a las 12:00 horas en la Plaza de Armas colectivos hindúes, cristianos, protestantes, católicos, judíos y mormonas realizarán una inédita ceremonia interreligiosa en conjunto con nuestra organización”.
Criticas a la UDI
Las críticas del Movilh fueron también contra la UDI, “toda vez que este partido rechaza a le ley contra la discriminación sólo porque en su artículo 2 hace referencia a la diversidad sexual, mientras que al mismo tiempo el patido tiene el insensible descaro de afirmar que rechaza toda forma de discriminación”.
En efecto, el secretario general de la UDI, José Antonio Kast, sostuvo ayer que “la discusión se centra básicamente en el artículo 2 de la ley, que podría llevar a otro tipo de discriminaciones. Por ejemplo, si un pastor evangélico o un sacerdote católico menciona un texto bíblico, donde dice ‘Dios creó al hombre y la mujer’ y lo promueve, él podría ser acusado de discriminación si la ley queda mal (…) “No puede ser que una ley pase a no discriminar a algunos y pase a discriminar a otros”.
De esa manera Kast se sumó a la ofensiva del diputado Felipe Ward, quien el miércoles había afirmado que la ley antidiscriminatoria era una puerta de entrada para el matrimonio igualitario. “Esta ley tiene que servir para el objetivo que está descrito, que es evitar cualquier tipo de discriminación, pero si alguien quiere discutir otros temas, como han sido discutidos antes en el país, esos tienen que tener su propio texto legal y no aprovecharse de esta legislación”, dijo a Radio Cooperativa.
Para el Movilh lo más repudiable de este tipo de rechazos “es que se fundamentan en falsedades, insistimos la ley no afecta la libertad religiosa y no tiene ninguna relación con el matrimonio igualitario, además de ser una caja de resonancia de los temores infundados de las iglesias, lo que afecta y daña la laicidad de nuestro Estado”.
Antecedentes ley contra la discriminación
Esta semana el Gobierno dio suma urgencia al proyecto de ley, mientras que desde comienzos de año los parlamentarios de la Concertación y de una parte de RN vienen trabajando y apoyando indicaciones que elaboró el Movilh con una decena de organizaciones sociales para perfeccionar el proyecto de ley.
En su tramitación parlamentaria el proyecto, ideado el 2005 por el Gobierno de Lagos con la co-ejecución del Movilh, se ha visto afectado por modificaciones que han restringido y limitado sus objetivos y alcances originales, por tanto dicho colectiv de la diversidad sexual y organizaciones de derechos humanos y de variadas minorías proponen, entre otras, las siguientes indicaciones:
1.- Reincorporar el artículo donde se establecía que “corresponde al Estado elaborar las políticas públicas y arbitrar las acciones que sean necesaria para promover y garantizar el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de los derechos y libertades de las personas”.
2.- Prevenir, y no sólo sancionar, la discriminación contra persona o grupos de personas.
3.- Eliminar el inciso que permite la discriminación arbitraria en función de principios garantizados en el Carta Magna.
4.- Eliminar el discriminatorio inciso que asocia a la orientación sexual con delitos
5.- Eliminar el artículo y los incisos que consideran inadmisibles las acciones legales para impugnar leyes discriminatorias y para objetar sentencias de los tribunales.
6.- Eliminar el inciso que sanciona con multa al denunciante de la discriminación si es que el tribunal resuelve que no hubo un acto de exclusión.
7.- Reincorporar el artículo que obligaba a los tribunales declarar indemnizaciones para reparar el daño moral y material.
8.- Incorporar las categorías de “situación socioeconómica, sindicación o participación en organizaciones gremiales, identidad de género y estado civil” en la modificación al Código Penal que considera agravante los delitos fundados en discriminación.