La organización Amnistía Internacional (AI) acusó este jueves a las autoridades mexicanas de fabricar delitos para encarcelar a defensores de los derechos de los indígenas y pidió la liberación inmediata de dos de ellos, a los que consideró “presos de conciencia”.

“En los últimos años hemos documentado cómo el Ministerio Público y el Poder Judicial se prestan a la fabricación de delitos contra quienes defienden los derechos humanos de comunidades indígenas marginalizadas sin garantizar el debido proceso”, indicó Rupert Knox, investigador sobre México de la ONG.

Estos activistas son encarcelados “como castigo por sus actividades legítimas” mediante “juicios injustos y sentencias infundadas”, añadió Knox, según un comunicado.

Amnistía puso como ejemplo el caso de José Ramón Gómez y Pascual Cruz, dos activistas de la etnia Náhualt del estado de Puebla (centro) que fueron detenidos en enero de 2010 y condenados a más de seis años de prisión acusados del robo de un vehículo.

Sin embargo, AI afirmó que hay “informes fidedignos” de que el automóvil en cuestión en realidad no había sido robado, sino abandonado por el propietario denunciante y resguardado en un cuartel policial antes de ser devuelto a su dueño.

Sin embargo, la fiscalía, continuó la ONG, nunca investigó esta información y el proceso judicial contra los dos indígenas “estuvo plagado de irregularidades”, como la falta de un intérprete para los acusados y contradicciones entre los testigos que no fueron aclaradas.

“La acusación contra los activistas fue fabricada como represalia por su trabajo para garantizar el amplio acceso al agua para la comunidad indígena náhuatl de Atla”, en Puebla, sostuvo Amnistía Internacional.